Los alcaldes del norte reclaman soluciones inmediatas y conjuntas de todas las administraciones para desbloquear la construcción de la nueva carretera, después de conocerse el informe desfavorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) del Gobierno de Canarias al plan de Cabildo de Gran Canaria (PTP-15) que reordena todo el litoral de Arucas hasta Guía. La obra de la autovía lleva más de cuatro décadas de trámites.
La resolución, tal y como publicó ayer este periódico, es "preceptivo y vinculante", y obliga a la institución insular a corregir un buen número de anomalías recogidas en el documento aprobado inicialmente. Entre otras razones, por entender que la institución insular sobrepasa sus competencias, al diseñar la nueva autovía cuando el proyecto y la financiación es exclusivo del Ejecutivo regional con fondos estatales, pero también por destruir suelo agrícola, vulnerar la Ley del Suelo e incorporar un gran equipamiento turístico en San Felipe, entre otros argumentos.
El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, se mostró ayer cauto sobre la resolución hasta realizar un análisis más profundo. Pero entiende que hay que buscar un consenso entre todas las partes para sacar adelante el documento sin más demoras, por su enorme interés general.
El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, y su concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, remarcan que es indispensable remar todos en la misma dirección para sacar sin más demoras este plan, porque está en juego inversiones y el futuro económico de la zona, tanto por la nueva autovía como por el resto del suelo que sigue bloqueado. Y pone reparos al Gobierno canario en su informe, sobre todo respecto al equipamiento turístico en San Felipe. Guía defiende que sí contempla en su planeamiento municipal un equipamientos turístico, ligado al agroturismo, aunque está pendiente de desarrollarse.
El alcalde de Moya, Poli Suárez, manifestó su "absoluta prudencia" sobre el informe, "a la espera de analizar detenidamente el contenido del documento, punto por punto, con nuestros técnicos y departamento jurídico". Suárez remarcó, en cualquier caso, que "tal y como viene defendiendo desde hace más una década el ayuntamiento, ahora también es el propio Gobierno de Canarias el que considera desfavorable la propuesta del Cabildo".
Mientras, la consejera de Política Territorial del Cabildo, Inés Miranda, eludió pronunciarse sobre la resolución del Gobierno canario, porque dice que recibió ayer el documento y no le ha dado tiempo a estudiarlo con sus técnicos.
