Amurga acaba en los tribunales. El consejero de Unidos por Gran Canaria-Ciuca, Daniel Reyes, presenta un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo tomado por el Cabildo de Gran Canaria para la compra de las tres fincas que están envueltas en la polémica.
El escrito de interposición de recurso contencioso administrativo fue presentado el lunes 21 de diciembre en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria. El procurador Bonifacio Villalobos, a instancias del abogado Daniel Reyes interpuso el recurso contra el acuerdo 2.2 del Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria de fecha 28 de diciembre de 2018: adquisición de tres fincas integradas en la bolsa insular de fincas rústicas en la zona preferente nº 5".
El consejero de Unidos por Gran Canaria en la institución insular suplica al juzgado que "habiendo presentado este escrito con los documentos adjuntos, se sirva admitirlo, teniéndose por parte en la representación que ostento, y mandando se entienda conmigo en las sucesivas diligencias de trámite; y por interpuesto, en tiempo y forma, recurso contencioso administrativo, por los cauces del procedimiento ordinario", recogiendo el citado acuerdo del Consejo de Gobierno. En este sentido, solicita también "el expediente administrativo a la Administración demandada a fin de deducir la demanda".
En esta línea, su compañero de partido, José Miguel Bravo de Laguna, admitió ayer que seguía sin tener acceso al expediente. Pese a todo, "tengo suficientes datos" para demostrar que nadie puede sorprenderse de que la compra despierte suspicacias. Entre otras razones, porque el Consejo de Gobierno de 28 diciembre se celebró "diez minutos" antes del último pleno del año, con una sucesión de puntos entre los que estaba esta adquisición que implica un desembolso de 4,06 millones de euros, lo que supone la operación inmobiliaria más importante del año.
El consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Jorge, ha venido recriminando que hasta diciembre ningún grupo político se había interesado por este expediente, cuya tramitación según ha defendido ha sido escrupulosa, y avalada por los informes técnicos de los distintos Departamentos implicados. "Se ha hecho con criterios legales", añadió. Y defendió que si por si fuese por afinidades políticas, deberían dejar de lado terrenos que pueden ser de interés, poniendo el ejemplo del empresario Jaime Cortezo en Guguy, o bien del Conde si se dieran las circunstancias también en el entorno de Amurga.
El vicepresidente, Ángel Víctor Torres, admitió haberse visto sorprendido por la relación familiar del negociador con Román Rodríguez. "Hubiera sido bueno para todos" que se hubiese sabido antes. De ahí que haya anunciado que, aunque hasta el momento no ha encontrado ninguna posible anomalía, seguirán revisando los papeles para despejar las dudas.
El portavoz del Partido Popular, Carlos Ester, afirmó que las "mentiras han ido delatando" al Gobierno insular, y que el expediente tiene los ingredientes de "un pelotazo". Defendió que desde noviembre intentaron revisar el expediente, aunque no tuvieron acceso hasta el 12 de noviembre. Y, sobre todo, cuestionó que nadie entre los socios conociera a las personas vinculadas al negocio de estas tierras.
Mientras, el consejero de Podemos, Miguel Montero, aludió que "no es el caso Román, sino el caso Pucho" (en alusión al consejero Pedro Justo Jorge), citando un listado de operaciones inmobiliarias desarrollados durante el actual mandato político.
