La Agencia Tributaria, a través de la delegación especial de Hacienda en Canarias, reclama al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana el abono inmediato de 1.271.577 euros a Costas en concepto del canon adeudado por la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre para la explotación de los servicios de temporada -que engloba las hamacas, las sombrillas y los quioscos- en Maspalomas y Playa del Inglés. Cuatripartito y oposición se acusan mutuamente de dejar esta importante deuda al consistorio sureño. El Consistorio preparará una modificación presupuestaria.
En un documento con fecha de registro de entrada del pasado 3 de junio de 2020 al que ha tenido acceso este periódico, el organismo tributario requiere a la corporación local tirajanera el pago del canon correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018, a razón de 423.859 euros anuales. No así la cuantía correspondiente a la anualidad de 2019, que ya fue debidamente satisfecha al cierre del ejercicio anterior, según el Ayuntamiento.
Esta deuda supone ahora un grave perjuicio para la operativa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que desde hace un mes y medio se ha convertido en una institución deudora de la Agencia Tributaria. Una situación que, si no se remedia a tiempo, tendrá como consecuencia el embargo, por parte de Hacienda, de todas las subvenciones que la corporación municipal tenga previsto recibir de otras administraciones públicas hasta que la deuda quede completamente satisfecha. "Se notifica al obligado que, no habiendo sido satisfechas las deudas [...] y ante la inexistencia de créditos a favor del obligado que puedan ser objeto de compensación de oficio, se inicia el proceso de extinción de deudas mediante deducción sobre las cantidades que la Administración del Estado deba transferir al obligado tributario", señala el escrito. Es decir, le confisca las subvenciones y ayudas hasta nuevo aviso.
Así, en juego está, por ejemplo, la pérdida de una subvención del Cabildo por la cual tres trabajadores sociales y dos administrativos reforzarían los servicios sociales municipales, o la resolución a través de la cual el Sur recibirá 670.000 euros por parte del Gobierno de Canarias para la renovación de la pista de atletismo ubicada en el Estadio de Maspalomas, entre otras.
El Consistorio se adentra ahora en una encrucijada al no contar todavía con el presupuesto del año 2020 y no disponer de recursos en el del ejercicio anterior, prorrogado para este año. En este sentido, un informe del departamento de Intervención reconoce que para abonar el canon del dominio público marítimo terrestre tan solo se dispone de 60.000 euros, "por lo que no existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al pago". Por este motivo, en este informe la interventora general del ayuntamiento insta a la concejalía de Cuidado del Litoral a que inicie "con carácter de urgencia" una propuesta al área de Hacienda para aprobar una modificación presupuestaria que posibilite hacer frente al pago de la deuda, lo que conllevaría que no se paralizara la administración local.
Periplo
La situación de los servicios de temporada en Playa del Inglés y Maspalomas suma ya un largo periplo que se inició con la entrada en vigor de la Ley 14/2014 de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos naturales al estar afectada la zona en cuestión por la Red Natura 2000. Por entonces, ni Cabildo, ni Costas ni Gobierno canario se responsabilizaron de la declaración de impacto ambiental para la instalación de los quioscos , hasta que en 2017 el Ayuntamiento tomó la iniciativa y se autodeterminó órgano competente. Ello permitió, tras realizar el estudio, que Costas otorgase la autorización para los quioscos en noviembre de 2018.
Una vez concedida, Costas reclamó al Consistorio un canon de 423.859 euros que el ayuntamiento presidido por Marco Aurelio Pérez consideró excesivo, e inició conversaciones con la demarcación para intentar rebajarlo, presentando incluso un recurso de casación, tal y como publicó este diario en febrero de 2019. Con la llegada de las elecciones, la negociación quedó en el aire y tras la entrada del nuevo gobierno municipal, el cuatripartito aseguró haber reiniciado estas conversaciones y realizado un estudio económico que reducía a los 209.000 euros la cantidad que consideraba justa por el canon. Y esa fue la propuesta que hizo a Costas, que todavía no se pronuncia.
En este punto, y tras la notificación de Hacienda, tanto la alcaldesa como el concejal de Cuidado del Litoral, Conchi Narváez y Samuel Henríquez, respectivamente, han coincidido en acusar al anterior grupo de gobierno de PP-AV, ahora en la oposición, de haber gestionado mal y haber dejado esta deuda al consistorio. "Seguimos resolviendo problemas del anterior grupo de gobierno, ¿cómo es posible que PP-AV diga que no pagamos deudas cuando ya llevamos más de 15 millones de euros pagados en facturas irregulares en un solo año?", se pregunta Narváez, "si no estaban de acuerdo con el canon, tenían que haber pagado y luego reclamado, pero no dejar de pagar".
En la misma línea se pronuncia Henríquez, al sostener que esta situación "no es consecuencia de nuestra nefasta gestión, como nos acusan, sino de su no gestión; podían haber pagado y luego pleiteado". "Dicen que dejaron el Ayuntamiento saneado, pero solo la deuda bancaria, porque existen otras deudas", agrega el edil sureño.
Consultado por esta situación, el anterior concejal de Cuidado del Litoral, José Carlos Álamo, ha recordado que durante 2016, 2017 y 2018, los años de periplo para lograr la autorización para explotar los servicios de temporada, Costas no pasó ninguna factura. "No pasó canon porque no existía esa autorización, era por lo que estábamos trabajando, y cuando la concedieron, en noviembre de 2018, lo hicieron con carácter retroactivo", por lo que había que pagar los tres ejercicios anteriores. "Una vez pasaron el canon y vimos que era elevado, porque se pasó de 60.000 a 423.000 euros, un 700% más, hicimos una reclamación para rebajarlo", señala, "nosotros pagamos el canon religiosamente porque siempre había una partida en el presupuesto reservado para ello".
Álamo considera que el embargo de Hacienda llega porque el cuatripartito no ha presentado ninguna alegación oficial en su negociación con Costas que permitiese mantener el pago del canon en suspenso hasta que se resolviese la situación. "Ha sido dejación de sus funciones pero se limitan al argumento de la herencia recibida", añade.
La Corporación, han explicado Narváez y Henríquez, está trabajando para solucionar un problema que pueda llevarse por delante importantes sumas de dinero en subvenciones para el municipio. Y lo hará incorporando esta deuda en el presupuesto de 2020, ahora en elaboración, o vía modificación presupuestaria a posteriori, que llegará en torno a septiembre, según las estimaciones del edil de Hacienda, Antonio Pérez, lo que obligará a rebajar partidas económicas de otros capítulos del presupuesto.
