Política y juzgados siguen de la mano en Telde. La Junta de Gobierno local acordó ayer remitir a la Fiscalía Provincial de Las Palmas dos expedientes de obras impulsados durante el anterior pacto (NC, PSOE y CCN) al considerar que del estudio del mismo se podría concluir que se cometieron diversos delitos. En concreto, se trata del proyecto para dotar de un parque infantil y una cancha deportiva al barrio de Higuera Canaria y de otro que permitió el acondicionamiento de la plaza de San Juan Bosco, justo frente a la iglesia del Valle de Jinámar.

En el primer caso, el actual tripartito (PP, Ciuca y CC) entiende que el anterior equipo pudo incurrir en un delito contra la ordenación del territorio al continuar con las obras de conclusión de un parque infantil y una cancha deportiva en Higuera Canaria.

Esta tesis se escuda en el hecho de que el Ayuntamiento de Telde nunca llegó a conseguir el certificado de calificación territorial que haría factible el cambio de uso del suelo.

Los nacionalistas, con el ex concejal de Contratación, Agustín Arencibia, a la cabeza, han venido contrarrestando esta versión en los últimos meses al tiempo que recordaban que los trabajos fueron iniciados en primera instancia por el gobierno del popular Francisco Valido en el mandato 2003-2006.

En el otro caso se estaría barajando la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de falsificación documental después de que un técnico municipal, adscrito a la Concejalía de Contratación, asegurase por escrito el pasado 2 de septiembre, en un escrito al que ha tenido acceso este medio, que la firma que existe en el documento del acta de replanteo de las obras de la plaza de San Juan Bosco, frente a la iglesia del Valle de Jinámar, no es suya y ha sido falsificado.

Esta presunta suplantación, en una obra de mejora valorada en unos 38.000 euros ejecutada hace ya años, también se podría haber producido en otro informe que forma parte del citado expediente. La alcaldesa María del Carmen Castellano (PP), con el apoyo del resto de ediles que conforman la Junta de Gobierno local, acordó en la sesión ordinaria de este martes trasladar todo este material a la Fiscalía Provincial de Las Palmas para que dictamine si cree necesaria la solicitud de incoación de diligencias previas.