El juez envía a prisión a los cuatro acusados de la violación grupal en Puerto Rico

El juez del Juzgado de Instrucción Nº1 de San Bartolomé de Tirajana ha enviado a prisión provisional sin fianza a los cuatro acusados, de origen magrebí, que fueron detenidos en el sur de Gran Canaria por una presunta agresión sexual a una mujer en Puerto Rico. Han prestado declaración en la tarde de este miércoles en la citada sede judicial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tres de los detenidos están acusados de un delito de agresión sexual, y el cuarto como autor de dos delitos también de agresión sexual, además de que cada uno de ellos es presunto cooperador necesario de las agresiones sexuales cometidas por los otros, en aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso de La Manada.

Los hechos ocurrieron en el parque situado en el barranco de Agua La Perra, próximo a uno de los complejos habilitados para la acogida de migrantes, la noche del pasado viernes, según recoge la denuncia presentada por la presunta víctima. Esta, una mujer de 36 años, de nacionalidad irlandesa y residente junto a su familia en Puerto Rico desde hace años, aseguró que se había interesado por la situación en la que se encontraba el grupo de jóvenes cuando se produjo la violación grupal, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

Una de las cuatro personas que este lunes fueron detenidas por presuntamente violar a una mujer en Puerto Rico ya había sido denunciado por otra víctima por hechos de similares características ocurridos en el mismo municipio de Mogán, según indicaron fuentes cercanas a la investigación, que agregaron que si bien fue detenido, posteriormente fue puesto en libertad.

Los cuatro arrestados, todos ellos magrebíes que habían llegado en patera a Gran Canaria y que habían sido expulsados de los centros en los que habían sido acogidos.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, aseveró ayer que si se confirman los hechos espera que los jóvenes arrestados sean trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Las Palmas de Gran Canaria para que, con posterioridad, se proceda a su deportación a su país de origen al encontrarse en España de manera irregular.