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Turismo

El juez declara en concurso a Hermanos Santana Cazorla ante la imposibilidad de pagar sus deudas

La empresa debe unos 47 millones a Isla Marina y tiene 266 procedimientos judiciales en trámite por demandas o ejecuciones de acreedores

Vista del complejo turístico de Anfi Tauro, en la costa de Mogán. | | LP/DLP

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado en concurso a la empresa Hermanos Santana Cazorla, con carácter de necesario, a raíz de una solicitud de la entidad Isla Marina por las deudas contraídas con esa sociedad, que ascienden a unos 47 millones de euros. El procedimiento judicial ha revelado que existen más acreedores y que el grupo empresarial, con importante presencia en los sectores del turismo y la construcción, atraviesa serias dificultades para subsistir. En total, los impagos podrían superar los 100 millones de euros. 

El auto judicial, firmado el pasado 22 de marzo, releva de sus funciones a los actuales directivos de la sociedad Hermanos Santana Cazorla y nombra como administrador del concurso de acreedores a C&O Consultores y Auditores, a quien se autorizará para que pueda acceder a las instalaciones de la compañía para revisar sus libros y contabilidad, así como para recabar cuantos documentos e información considere necesaria o conveniente para el interés del concurso. 

La resolución del magistrado Alberto López Villarrubia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de 20 días, aunque sin carácter suspensivo, emplaza a los acreedores de Hermanos Santana Cazorla para que comuniquen al administrador concursal la existencia de sus créditos y la documentación que lo acredite.

En febrero de 2020 tenía una tesorería de 1,34 millones de euros y deudas por 69,5 millones

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El tribunal señala que la prueba practicada en la vista oral de este pleito mercantil, celebrada el 18 de marzo de 2021, permite declarar el hecho revelador de la insolvencia de la empresa cuando se presentó la solicitud de concurso necesario por parte de Isla Marina, una empresa del grupo Lopesan. 

Auditorías

Así, el auto añade que “el dictamen pericial aportado por la solicitante del concurso, las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019, inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de concurso, los informes de auditoría de esos ejercicios y la declaración del auditor en el acto de la vista permiten declarar probado un sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor”. 

A fecha de 31 de diciembre de 2019, la empresa “no disponía de fondos líquidos para atender sus obligaciones de pago, y actualmente le resultará imposible, dada su situación financiera, acceder a cualquier tipo de crédito o préstamo, en la cuantía suficiente para hacer frente a estas obligaciones, máxime cuando Hermanos Santana Cazorla, junto con el resto de empresas del grupo, han dispuesto del total del límite de las pólizas multiempresa”.   

En una de las disposiciones recogidas en el auto judicial se establece que Hermanos Santana Cazorla tiene el deber de comparecer personalmente ante el Juzgado y ante la administración concursal cuantas veces sea requerido y de colaborar e informar para el interés del concurso. 

Ese deber incumbe a los administradores o representantes en los dos últimos años de las siguientes empresas del grupo: 959 Oliva Inversión Internacional SL (Manuel Jesús Suárez Hernández), 947 MSC Inversión Internacional SL (Manuel Santana Cazorla), Santana Cazorla Servicios (Alberto Santana Trujillo) y las Bodegas Tirajana SL (Óscar Merino Centeno).

Entre otras razones para declarar en concurso de acreedores, además de sus dificultades financieras en los últimos años, ahora agravadas por la pandemia, la resolución judicial cita el hecho de que existen 266 procedimientos judiciales en trámite en los juzgados de la Isla en los que la empresa Hermanos Santana Cazorla aparece como demandada o en ejecución de bienes. 

En juzgados de la Isla se tramitan 266 procedimientos por demandas o ejecuciones

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Respecto a las pruebas practicadas a instancias de la empresa, el auto señala que “la existencia de garantías hipotecarias no enerva el hecho de que Hermanos Santana Cazorla carece de liquidez para hacer frente a los pagos de los préstamos, por lo que la sociedad se verá abocada a que se inicien las correspondientes ejecuciones hipotecarias para realizar los bienes hipotecados, en aquellos casos en que los créditos se hayan garantizados con hipotecas de primer rango”. Los inmuebles están hipotecados con el BBVA y el Banco Popular, Isla Marina y Destiny Progress. 

Las alegaciones de la empresa son rechazadas por cuatro motivos. El primero es que “de las cuentas anuales de 2018 y de las de 2019 se desprende algo más que la existencia de dificultades económicas, se acredita una insolvencia actual y un sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones”.

En segundo lugar, la existencia de negociaciones para abonar esas deudas “no enerva el hecho de que, a fecha 6 de febrero de 2020, la sociedad no pagaba sus obligaciones corrientes, disponiendo de una tesorería de 1.340.000 euros para hacer frente a unas deudas a corto plazo de 69.505.000 euros”.

En tercer y cuarto lugar, el magistrado tampoco considera suficiente que la empresa haya acreditado la existencia de un acuerdo con SAREB, para refinanciar la deuda con dicha entidad, o que haya iniciado procedimientos de reclamación de deuda a terceras entidades cuyo resultado ha sido satisfactorio

Un grupo empresarial roto en dos mitades


El grupo empresarial de los hermanos Santiago y Manuel Santana Cazorla, uno de los emblemas del boom turístico de Gran Canaria en las últimas décadas del siglo XX, se tambalea ahora por las crisis económicas de 2008 y de la pandemia, una gestión muy cuestionada y también por las divisiones en el seno de la familia, que han derivado en la separación de los negocios y enfrentamientos en los tribunales, el más reciente por el control de la marina y de las zonas comerciales del complejo turístico Anfi del Mar. Tampoco han avanzado los proyectos en la playa de Tauro, donde el grupo había previsto construir hoteles, más campos de golf y un puerto deportivo. Tras numerosas vicisitudes legales, de ese proyecto estrella solo se ha desarrollado el traslado de arena desde el Sáhara hasta la playa de Tauro, que permanece cerrada por la Demarcación de Costas. Según fuentes empresariales, el accionariado de la sociedad Hermanos Santana Cazorla, la que entra en concurso de acreedores, pertenece el 100% al Grupo Santana Cazorla, que a su vez está participada al 50% por las dos familias de los hermanos Santiago y Manuel. En el resto de las empresas del Grupo también se ha dado entrada a otros socios. | J. M. N. 

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