El consejo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria decidió ayer acudir a la subasta pública de dos fincas rústicas en Guguy, embargadas por la Agencia Tributaria al empresario Jaime Cortezo, y aprobó un gasto de 2,97 millones de euros en el área de Patrimonio. Esa será la cantidad máxima disponible para pujar por ambos terrenos, con una superficie cercana a los tres millones de metros cuadrados en ese espacio natural protegido del municipio de La Aldea.
Tras haber adquirido en enero otras cuatro fincas de Guguy que habían pertenecido a ese empresario, fallecido en el año 2020, el gobierno tripartito de Antonio Morales aprobó en su reunión de ayer un acuerdo que en su primer punto declara «la justificación e interés suficiente» y autoriza la participación del Cabildo, hasta el límite máximo de 2.974.098 euros, en la subasta emprendida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para vender esos dos bienes inmuebles inscritos en el Registro de Santa María de Guía.
En otro punto del acuerdo, el gabinete faculta al consejero de Hacienda, Pedro Justo, para que represente al Cabildo en la subasta participación de la subasta. La Agencia Tributaria ha tasado ambas fincas en más de 5,6 millones de euros, pero al igual que ocurrió con los cuatro terrenos que salieron anteriormente, no hay entidades o particulares interesados en su adquisición, por lo que el precio puede quedar en la mitad.
Esas parcelas están dentro de la Reserva Natural Especial de Guguy, por lo que está descartado su uso turístico o cualquier otro tipo de equipamiento incompatible con su grado de protección. La intención declarada del Cabildo es adquirir ese suelo para garantizar su mantenimiento como espacio virgen en el oeste de la Isla, donde ya se han emprendido labores de forestación y de eliminación del denominado ganado guanil, cabras asilvestradas que ponen en peligro de extinción a varias especies vegetales.
El empresario Jaime Cortezo adquirió esos terrenos a la Caja de Ahorros en la etapa del desarrollismo y con vistas a su explotación turística, como ocurrió con otras fincas en los cercanos barrancos de Tasartico, Tasarte y Veneguera. Tras su declaración como espacio protegido, las puso en venta por seis millones, pero nunca encontró comprador.
