Un menor migrante no acompañado ha sido detenido por presuntamente haber intentado atacar, armado con un cuchillo, a uno de los cuidadores que trabaja con él y otros jóvenes en el centro de menores que la consejería de Derecho Sociales del Gobierno regional tiene habilitado en el complejo de apartamentos Porto Bello, en Puerto Rico, según confirmaron este lunes fuentes municipales del Ayuntamiento de Mogán. El menor fue detenido por la Guardia Civil, que se trasladó hasta el centro después de ser requerida por los responsables del mismo. Este incidente sucedió en la misma semana en que trabajadores del centro denunciaron de forma anónima supuestas agresiones sexuales, prostitución y consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes internos en este centro. Los técnicos de la consejería detectaron en una primera inspección la presencia de sustancias pero no pruebas de que se produjesen agresiones sexuales.
Los hechos sucedieron el pasado domingo 20 de junio a primera hora de la tarde, cuando uno de los menores no acompañados que reside en este centro presuntamente intentó apuñalar a uno de los trabajadores. En ese momento, según explicaron las fuentes, ambos cayeron al suelo.
Sin embargo, el joven no consiguió el objetivo que supuestamente perseguía porque uno de sus compañeros, otro menor migrante no acompañado, consiguió despojarlo del cuchillo que portaba y logró evitar así mayores consecuencias. Las fuentes explicaron que, según el informe de la Policía Local de Mogán, el joven que arrebató el cuchillo al presunto agresor sufrió un corte en una mano.
Esa tarde, la Guardia Civil se desplazó hasta el centro y detuvo al supuesto agresor, al que imputó un delito de amenazas, según informaron ayer fuentes del instituto armado. Fuentes jurídicas explicaron que este suceso todavía no ha tenido entrada en el juzgado de guardia de menores.
La Guardia Civil detuvo al presunto agresor y le imputó un delito de amenazas
Los focos están puestos sobre el centro de menores del Porto Bello desde que hace 20 días se hiciese público una denuncia anónima de los trabajadores sobre graves irregularidades en el centro. Al igual que Derechos Sociales había trasladado una denuncia ante la Policía Canaria y a la Fiscalía del Menor, el Ayuntamiento de Mogán también llevó el caso en la Fiscalía del Menor. Días después, la consejería desalojó a medio centenar de jóvenes, a quienes trasladó a otros recursos en el municipio de Mogán y en Las Palmas de Gran Canaria, después de que tanto el Consistorio como el Ministerio Público insistieran en la necesidad de cerrar el Porto Bello. En el complejo quedan aún 78 menores que tendrán que ser trasladados antes del próximo 15 de julio, fecha en que la consejería de Derecho Sociales tiene previsto clausurar el centro.
