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Cabildo | Investigación a la Consejería de Política Territorial

Asesoría Jurídica ve indicios penales en la trama que vincula al interventor

Un informe remitido al juez que investiga al Cabildo detecta fraccionamiento de contrato y otras irregularidades en la organización de las ‘Jornadas del Paisaje’

José Juan Sánchez Arencibia, interventor del Cabildo, durante un Pleno. | | LP/DLP

La Asesoría Jurídica del Cabildo de Gran Canaria observa indicios penales por un posible fraccionamiento del contrato en las Jornadas sobre el Paisaje organizadas por la Consejería de Política Territorial y numerosas «irregularidades» administrativas en los cuatro años que se celebraron. Así se recoge en el informe remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que investiga la denuncia de un funcionario del propio Cabildo por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida.

Asesoría Jurídica ve indicios penales en la trama que vincula al interventor

Asesoría Jurídica ve indicios penales en la trama que vincula al interventor Jesús Montesdeoca

José Juan Sánchez Arencibia, interventor del Cabildo, durante un Pleno. | | LP/DLP

José Juan Sánchez Arencibia, interventor del Cabildo, durante un Pleno. | | LP/DLP Jesús Montesdeoca

En un informe de 85 páginas elaborado por Isabel Julios, al que ha tenido acceso este periódico, la entonces titular del Servicio Jurídico del Cabildo realiza un exhaustivo análisis de los expedientes administrativos de las cuatro ediciones de las Jornadas sobre el Paisaje y también de las posibles implicaciones del Interventor General, José Juan Sánchez Arencibia, por la vinculación de la empresa de su esposa, Imaco 89, en los presuntos contratos ilegales.

Las principales irregularidades, según la Asesoría Jurídica, se cometieron en la organización de las jornadas de 2017 y 2019, aunque deja en manos del juez y de la Fiscalía Anticorrupción la determinación sobre la existencia o no de esos cinco delitos en los hechos que se han denunciado.

«En relación con las segundas jornadas», relata Isabel Julios en su informe al Juzgado, «debe concluirse que existen indicios de la existencia de un posible fraccionamiento del objeto del contrato, debiendo añadirse dos cuestiones de interés que se extraen de la mera lectura del expediente administrativo, a saber, los peculiares patrocinios cursados en conexión con estas segundas Jornadas y los indicios de conexión entre las distintas empresas concurrentes en las contrataciones menores, en especial, entre Imaco 89 y el Instituto Canario de Telecomunicaciones (aspecto, no obstante, cuya confirmación es propia de un proceso de instrucción y cuya consecuente relevancia penal no corresponde analizar a esta Asesoría Jurídica)».

En otra de sus conclusiones, las referidas a las Jornadas de 2019, el servicio jurídico del Cabildo sostiene que «se vuelve a incurrir en las mismas irregularidades desde el punto de vista administrativo que en las segundas Jornadas (de hecho se retornó a la misma dinámica que en aquellas), confluyendo posibles indicios de fraccionamiento del contrato, así como anomalías en la tramitación y ejecución de los patrocinios».

Documentación

En el análisis de las terceras jornadas, las del año 2018, en las que la Consejería de Política Territorial optó por un procedimiento negociado sin publicidad e invitó a tres empresas, el informe remitido al juez señala que en el expediente «falta la documentación precisa (ni siquiera la adjudicación, desconociéndose si descansó en Instituto Canario de Telecomunicaciones o en Inexart Canarias) para poder pronunciarse sobre la legalidad, desde el punto de vista administrativo, de las contrataciones, tanto respecto a la errónea reducción de plazo para ofertas en el negociado, como en relación con la regularidad o irregularidad de la contratación de la organización de las Jornadas».

Respecto al primer evento, el informe jurídico detalla que, «si bien el procedimiento seguido era marcadamente mejorable, no se detectan ilegalidades groseras, pero sí se detectan algunas cuestiones significativas que se extraen de la mera lectura del expediente administrativo, relativas a la posible vinculación de las empresas Imaco 89 y el Instituto Canario de Telecomunicaciones, aspectos que, si así lo estima oportuno, correspondería investigar al Órgano Instructor o a la Fiscalía en el seno de la Instrucción, en tanto en cuanto tales indagaciones escapan del ámbito de acción de esta Asesoría Jurídica».

Sobre las posibles implicaciones del Interventor del Cabildo en esas contrataciones, entre otras cuestiones por el régimen de incompatibilidades de los empleados públicos y por la obligación de abstenerse en aquellos asuntos en los que tenga un interés personal o vinculaciones familiares (su esposa, Ángeles Horna, y su hija aparecen en el expediente administrativo como representantes de Imaco 89), la Asesoría Jurídica remite al juez un extenso análisis, que ocupa 15 de los 85 folios, con la normativa y numerosa jurisprudencia en casos similares en instituciones del Estado y de otras Comunidades Autónomas.

La conclusión de la Asesoría Jurídica es que «resultando inequívoca, pues, la aplicación al Interventor General Insular, tanto del régimen de incompatibilidades general del funcionariado como del de los altos cargos autonómicos, como del deber general de abstención, para determinar si de ha producido o no un incumplimiento de aquellos, habría que estar al resultado del proceso de instrucción que determine la intervención directa o indirecta de Imaco 89 en la celebración anual de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria».

«En lo que respecta a las prohibiciones de contratar», puntualiza, «solo podría afirmarse que concurren si del proceso de instrucción [judicial] se concluyese que existió tal intervención de Imaco 89 en las contrataciones a través de otras empresas y, aun así (y con independencia de la relevancia penal que pudiera tener tal intervención, aspecto sobre la que no ha de pronunciarse esta Asesoría Jurídica), la prohibición, a partir del 22 de octubre de 2015, exigiría para concurrir ese ‘plus’ vinculado al conflicto antes analizado».

El juez Alberto Puebla y la Fiscalía Anticorrupción, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), investigan esos presuntos delitos y en las diligencias previas incoadas en el verano de 2020 se requirió un informe a la Secretaría General del Cabildo, o bien al organismo que ésta considere más idóneo, para determinar la legalidad de las contrataciones o si advierte indicios de haberse cometido alguno de los citados delitos. También pidió que se notificara la denuncia al interventor.

Según se desvela ahora en el documento remitido al juez, Isabel Julios tuvo que elaborar el informe «vista la negativa» tanto de la Secretaría General del Pleno como por los servicios insulares de Contratación y de Planeamiento, rechazos formalizados mediante oficios de 31 de julio y de 10 y 26 de agosto de 2020, respectivamente. La titular del servicio jurídico también expresa que los cuatro expedientes entregados por Planeamiento a requerimiento judicial están «desordenados» y en algunos casos faltan páginas.

Al detallar el expediente administrativo de las Jornadas del año 2017, la Asesoría Jurídica resalta que el Servicio de Planeamiento contrata de forma directa, sin presupuesto ni desglose alguno, a la empresa Instituto Canario de Comunicaciones, con domicilio en la calle Senador Castillo Olivares 14/16, 2º piso, representada por Miguel Jorge Millares, por un importe neto de 18.000 euros y un total, con el IGIC, de 19.260 euros.

Los documentos administrativos de la adjudicación son firmados por la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, y por el director general, Rafael Pedrero; los documentos técnicos de aprobación de las contrataciones por el director de Desarrollo Estratégico del PIO; y los documentos contables y económicos por la jefa de Servicio de Gastos o, en algún caso, por el interventor.

La notificación de esa adjudicación del contrato, así como otras relativas a varios patrocinios, aunque va dirigida a la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones, no es recepcionada por ésta, «sino que se recepciona con el sello de Imaco (sello en el que figura la misma dirección) y el DNI y la firma S. Sánchez Horna», hija del interventor. Esa misma circunstancia se repite en otra notificación.

Otra vinculación entre la organización de las Jornadas, Imaco y el interventor, se produce en un contrato menor del servicio de interpretación de signos con la Asociación de Personas Sordas. En un correo electrónico remitido por una de las jefas de negociado de Planeamiento a dicha entidad, de 7 de junio de 2017, «se aporta a la Asociación el contacto de la empresa organizadora de las jornadas (Instituto Canario de Telecomunicaciones), añadiéndole, literalmente, lo siguiente: 'El responsable de esta empresa es el Sr. D. Miguel Jorge Millares y la persona que se encarga de las gestiones es Ángeles».

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