El Cabildo de Gran Canaria ha rechazado la instalación de una planta de lodos en Costa Botija, en el municipio de Gáldar, por no tener cabida en el planeamiento urbanístico de la Isla y, por tanto, tampoco poder disponer de la consideración de interés público o social, según se recoge en una resolución de la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, del pasado 6 de julio.
La empresa Debeocan S.L. y el Ayuntamiento galdense solicitaron en abril de 2019 una autorización para la denominada Instalación y Explotación de Planta Aislada de Fangos deshidratados mediante secado solar con medidas de control de Impacto Ambiental, a ubicar en un parcela situada en la localidad de Botija.
Tras dos años de trámites, en el que hubo alegaciones por parte de otra empresa y numerosos informes jurídicos sobre la viabilidad del proyecto, la consejera Inés Miranda emitió una resolución en la que, en el primer punto, se declara «la existencia de prohibición expresa por el planeamiento» y, en consecuencia «no procede pronunciamiento por el Consejo de Gobierno Insular sobre el Interés Público o Social de la actuación».
Esa prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) está fundamentada en los informes técnicos del Servicio de Residuos, de fechas 20 de junio y 19 de diciembre de 2019, y en los informes de los servicios jurídicos del Cabildo de fecha 8 de abril de 2020 y 21 de enero de 2021.
En el segundo punto de esa resolución se desestima la solicitud del Ayuntamiento de Gáldar, de fecha 12 de abril de 2019, de conformidad con lo previsto en varios artículos de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística, por encontrarse expresamente prohibida por el planeamiento insular.
Según se revela en la resolución de consejera de Política Territorial, el Servicio de Residuos condicionó el proyecto a que se declarara el interés general vinculado a usos agrarios, mientras que Planeamiento no le vio encaje en el PIO-GC, lo que creó una diferencia de criterios entre dos órganos del Cabildo. También se consultó al Consejo Insular de Aguas, pero no hubo respuesta.
En octubre de 2019 se abrió un periodo de información pública y se presentaron alegaciones por parte de la empresa Ayagaures Medioambiente, la concesionaria de los complejos de Salto del Negro y Juan Grande, y de al menos dos particulares.
Teodoro Sosa señala que no hay vías alternativas para aprobar el proyecto solicitado en 2019
Uno de los informes incluidos en la resolución detalla que la entidad Ayagaures Medioambiente «pone en duda la viabilidad compatibilidad del proyecto en cuanto al planeamiento urbanístico y al plan de ordenación insular, ya que considera que una planta aislada de secado de lodos no puede identificarse ni a una planta de transferencia ni a otra planta de reciclaje prevista en los Actos de ejecución de los cuadros de regulación específica de Usos del PIO-GC, pero tampoco la asimila a ningún otro uso previsto para las infraestructuras de residuos, lo cual no parece razonable».
Según se anunció al solicitarse la autorización del Cabildo, la empresa canaria Debeocan, representada por Atilio Ley Elizalde, proyectaba la construcción de una planta de tratamiento de los lodos que generan las depuradoras de aguas mediante el secado solar natural, para su aprovechamiento posterior como fuente de energía limpia y abonos agrícolas.
La planta estaría situada sobre el antiguo vertedero de Botija de Gáldar y contaría con dos módulos, con una capacidad para tratar hasta 8.000 toneladas al año, y una zona de almacenamiento temporal del material ya tratado para 1.700 toneladas.
Las depuradoras de Gran Canaria, según se aseguraba en 2019, tienen que hacer frente cada año a más de 100.000 toneladas, sin que ahora exista una solución totalmente eficaz para su tratamiento y eliminación. El objetivo final de la empresa Debeocan, según el proyecto presentado al Cabildo, era alcanzar el vertido cero.
La empresa había arrendado al Ayuntamiento norteño una parcela de 5.434 metros cuadrados en la costa de Botija, y su proyecto iba ligado al Parque Científico Tecnológico de la Punta de Gáldar, gestionado por la Mancomunidad del Norte. El proyecto contaba con el apoyo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y empresas privadas.
El alcalde de Gáldar y consejero de Presidencia del Cabildo, Teodoro Sosa, dio por desechado este proyecto por no hay vías alternativas para su aprobación.
