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Movilidad

El Cabildo acusa a la Universidad de atacar el tren con datos incorrectos

El gobierno insular rechaza el informe de la ULPGC que cuestiona la viabilidad social y económica del ferrocarril | Pone en duda su encuesta de demanda

Infografía del proyecto del interior de la estación de ferrocarril de Carrizal. . | | LP/DLP

El Cabildo de Gran Canaria ha analizado el informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que cuestiona la viabilidad económica y social del proyecto del ferrocarril del Sur y sostiene que los autores han obviado datos o han utilizado otros de forma incorrecta para elaborar hipótesis que intentan desacreditar al tren como modelo de transporte que solucione los problemas de movilidad en la isla.

La réplica del gobierno del Cabildo al informe de la Universidad ha sido elaborada por la empresa Ineco para la entidad pública Transportes de Gran Canaria y en sus conclusiones asegura que ha habido «mala praxis» en la elaboración de una encuesta sobre la demanda de viajeros y también valoraciones que no se sostienen en la realidad, como que «el tren y su infraestructura son un modo de transporte obsoleto».

A finales del pasado mes de junio, la ULPGC hizo público un estudio titulado Evaluación socioeconómica del proyecto del tren de Gran Canaria, elaborado por el Grupo de Investigación en Economía de Infraestructura, Transporte y Turismo (EITT) en el marco de la Cátedra FET (Federación de Empresarios del Transporte de Canarias) , codirigida por Lourdes Trujillo y Javier Campos. Según ese informe, el ferrocarril «no es rentable ni para la sociedad ni para el futuro operador» de la línea, y entre otras cifras apunta que, en la mejor estimación, solo captaría el 9% de los viajeros al Sur de la Isla.

La empresa estatal Ineco observa «mala praxis» en la elaboración del informe sobre el tren

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Ahora, en un análisis sobre ese informe de la Universidad, el Cabildo responde de forma educada, pero contundente, y rechaza a lo largo de 33 folios las principales afirmaciones de sus autores, al tiempo que les acusa de exponer solo aquellas conjeturas que son contrarias a la implantación del ferrocarril.

Divergencias

El análisis del Cabildo señala que «es evidente que las conclusiones del estudio desarrollado por la ULPGC distan mucho de aquellas a las que se han llegado en los trabajos anteriormente realizados por Ferrocarriles de Gran Canaria, Ineco y por otros consultores sobre la demanda de viajeros que generará la implantación del ferrocarril», lo que está en la base de divergencias.

«Aunque resulte loable el objeto del trabajo desarrollado por la ULPGC, creemos que durante el proceso seguido, la asunción de determinadas hipótesis, la adopción de varios supuestos y simplificaciones, y algunas de las afirmaciones que se vierten sobre el ferrocarril y su implantación en la isla de Gran Canaria, no son correctos, y que no se observan algunas de las normas de buena práctica que deben gobernar este tipo de estudios», resalta el documento del Cabildo.

Respecto a los «desajustes» observados en el estudio de la Universidad, los técnicos de Ineco resaltan que «además, se decantan en la mayoría de los casos por aquellas opciones que penalizan la implantación del ferrocarril, eligiendo en cada ocasión las alternativas que más lastran la solución ferroviaria, lo que no puede llevar sino a la conclusión que expresan los apartados finales de dicho estudio».

A la hora de resumir las discrepancias, y siguiendo el mismo orden expuesto en el informe de la ULPGC, detalla que en lo que se refiere a la documentación de partida, los redactores emplean «una documentación que, como el mismo texto recoge en algunos de sus párrafos, es la calificada como disponible, asumiendo que puede no ser completa».

Esta situación, añade, «se ve acompañada por la formulación de hipótesis o supuestos hechas por los autores del informe, cuando una determinada información no especifica su génesis o procedencia».

Las conclusiones del informe, por lo tanto, «deben entenderse formuladas, en buena medida, del análisis de una documentación que probablemente no sea completa, y que, en la formulación de hipótesis sobre la misma, puede plantearse una duda razonable sobre la bondad de dichos supuestos, ya que pueden diferir considerablemente del planteamiento de los autores».

Incluso reprocha que la ULPGC identifique como Estudio de La Roche Consultores y Sener (2010) lo que «en realidad» es el Plan Territorial Especial del Corredor de transporte público con infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE‐21), que contó con la correspondiente aprobación inicial, provisional y definitiva por parte del Cabildo, tras someterse a una información pública a la que se pudieron presentar las alegaciones que se estimaron oportunas. Todo el proceso de elaboración tuvo una duración de 11 años, hasta abril de 2010, cuando el PTE‐21 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias.

La réplica del Cabildo desmiente que ese modelo de transporte público esté ya obsoleto

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También ironiza sobre el análisis que hace la Universidad sobre la traza del ferrocarril y el porcentaje de desarrollo subterráneo o en superficie. «Se critica -agrega- que sea subterráneo en más de la mitad de su desarrollo porque resulta más oneroso, pero olvida señalar que a cambio supone una mínima ocupación del territorio y no genera efecto barrera. Por el contrario, para los tramos en superficie sí se avisa de estas cuestiones nocivas, sin destacar su mayor economía. Podría concluirse de todo ello, que el mejor trazado posible es aquel que no existe, ya que al mismo tiempo goza de todas las virtudes posibles y carece de defectos».

Uno de los principales fallos del informe de la ULPGC, según el Cabildo, se encuentra en su estudio sobre la demanda de viajeros, pues «el número de encuestas realizadas [500] es muy pequeño, por lo que carece de significación estadística, resultando el error muestral muy elevado». Para el estudio de demanda incluido en el PTE-21 se realizó un trabajo de campo consistente en la realización de casi 1.500 encuestas de preferencias declaradas, 1.041 a usuarios de guaguas y 454 a usuarios de automóvil.

Además, «se detectan aspectos de mala praxis, por ejemplo en la formulación de las preguntas realizadas o en el punto de realización de las encuestas», mientras que en «las alternativas de precio asociadas al uso del ferrocarril solo presenta valores que inducen al encuestado a decantarse por la opción contraria al ferrocarril».

La consulta de la Universidad «no incorpora alternativas de intermodalidad ligadas al ferrocarril que definan un marco de conectividad con otros modos, presentando así un escenario que penaliza la opción del ferrocarril» y tampoco «aspectos importantes que pueden modificar el resultado del estudio, tales como la introducción del bono residente en sus diversas modalidades y el impacto de la reciente pandemia en los hábitos de movilidad».

Por tanto, el Cabildo sostiene que las estimaciones de la ULPGC sobre demanda «no resultan correctas» y mantiene, en espera de un nuevo estudio, los datos recogidos en los años 2011 y 2013.

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