La retirada a martillazos del escudo de la victoria franquista en un edificio público en el pueblo de Ingenio es una de las últimas imágenes de la desaparición de los símbolos de la dictadura en la isla de Gran Canaria, lo que contrasta con la polémica situación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que según revela un catálogo elaborado por el Gobierno de Canarias ha quedado como una especie de parque temático del franquismo en Archipiélago, con 79 vestigios que incumplen las dos leyes de recuperación de la Memoria Histórica, la estatal de 2007 y la autonómica de 2018.
Los 21 ayuntamientos de Gran Canaria han eliminado de forma paulatina la simbología de la dictadura y solo quedan escasas referencias al régimen de Franco, que también serán recogidas en un catálogo para obligar a su inmediata desaparición.
Las Palmas capital mantiene el escudo de la Base Naval y la placa del edificio José Antonio
Calles con nombres de golpistas, yugos y flechas en portales de viviendas sociales, escudos preconstitucionales en instalaciones militares o placas en cementerios son algunos de esos símbolos que se mantienen en Gran Canaria 46 años después de la muerte del dictador, incumpliendo así ambas leyes de la Memoria Histórica.
Uno de los vestigios más llamativos se encuentra en la capital, en plena zona comercial, el escudo franquista del águila en lo más alto de la puerta de la Base Naval, propiedad del Ministerio de Defensa y, por tanto, fuera de la responsabilidad municipal.
Se trata de uno de los «flecos pendientes» en la Isla, según el historiador Sergio Millares, pero nada comparado con lo que ocurre en Santa Cruz de Tenerife, donde los sucesivos alcaldes democráticos no han querido o no han podido retirar los elementos que exaltan o recuerdan el golpe de Franco contra el gobierno de la República salido de las urnas.
Polémica
Según el catálogo que ha levantado la polémica entre la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio del Gobierno autónomo y el Ayuntamiento, en la capital tinerfeña quedan 79 vestigios franquistas, probablemente más que en el resto del Archipiélago en su totalidad.
Millares, que en su etapa de concejal de Participación Ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria promovió los últimos cambios realizados en el callejero de la capital, para retirar los nombres de militares y políticos golpistas, consideró ayer que en el catálogo de Santa Cruz aún se puede hacer un cribado para reducir esa lista de 79 elementos y, por ejemplo, solo quitar las calles a las personas más vinculadas con la primera etapa del franquismo y con la represión, dejando las de profesionales que solo colaboraron con el franquismo, como artistas o arquitectos.
Lo que ha ocurrido en Santa Cruz, según Millares, es que llevan muchos años discutiendo quiénes deben estar en ese listado y al final no han quitado a nadie. Por contra, recordó que las principales referencias en Las Palmas de Gran Canaria dedicadas al caudillo, como la calle General Franco, actual Primero de Mayo, cambiaron de nombre en 1979, con el primer gobierno municipal de la democracia, el de Manuel Bermejo. «En Santa Cruz le quitaron la calle al dictador en 2007, a regañadientes y porque lo obligaba a ley», apuntó Millares.
El historiador opinó que se puede seguir el criterio de la capital grancanaria y optar por la participación ciudadana, para que sean los colectivos sociales y vecinales los que propongan los cambios de nombres en sus calles. A falta de ejecutar algunas de esas modificaciones, la última iniciativa adoptada por el Ayuntamiento de Las Palmas, en el año 2017, consistió en elaborar una lista de personas estrechamente vinculadas al franquismo y de la batallas ganadas por el bando golpista.
Tras escuchar las propuestas ciudadanas, el gobierno municipal acordó modificar el nombre de las calles Jesús Ferrer Jimeno, Calvo Sotelo, Alférez Provisional, Sargento Provisional, Mario César y Juan Saraza Ortiz.
El presidente Torres niega que exista pleito insular en el listado de Santa Cruz de Tenerife
La propuesta inicial del Consejo Asesor de la Memoria Histórica incluía otros nombres de calles, como Doctor García Castrillo, General Más de Gaminde, María Paz Sanz Tejera, Batalla del Ebro, Alto de los Leones, Batalla de Belchite, Batalla de Brunete, Batalla de Teruel o Batalla de Balaguer, pero se acordó mantener esas denominaciones o dejarlas pendientes.
Puesto que es un caso que también se da en el callejero de Santa Cruz, Millares puso como ejemplo el cambio de la calle Calvo Sotelo, una de las paralelas al barranco Guiniguada, por su denominación anterior a la Guerra Civil, El Progreso. Las placas con los dos nombres lucen todavía en una esquina del Mercado de Vegueta. «Los nombres de las calles deben homenajear o recordar a personas que destacaron por hacer el bien a la sociedad, lo que no es normal es que se exalte a asesinos», puntualizó Millares.
Otros ayuntamientos grancanarios han cambiado nombres de calles en el actual mandato para cumplir con las dos leyes . Así, San Bartolomé de Tirajana sustituyó la Avenida de Alféreces Provisionales, una de las principales arterias de Playa del Inglés, por Avenida 8 de Marzo. También buscará otra denominación para Sargentos Provisionales.
Hace menos de un año, en mayo de 2021, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio procedió a retirar los dos últimos símbolos franquistas en el municipio, una placa acreditativa del Instituto Nacional de Vivienda en las casas sociales de la Bagacera, y otro en el edificio de la antigua casa del médico, que ahora acoge el servicio municipal de Igualdad.
No obstante, aún quedan placas franquistas en viviendas sociales, como en las de San José de Las Longueras, en Telde. Se mantienen más por despreocupación de los ayuntamientos que por deseo de incumplir la norma. En otros casos, como en el edificio José Antonio de la capital, más conocido como la casa del coño, es la comunidad de vecinos la que debe retirar la placa del portal y no lo ha hecho.
La polémica en Santa Cruz ha obligado a intervenir al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para negar la existencia de un pleito insular o un intento de enfrentar a unos municipios contra otros, tal como insinuó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, al anunciar que recurrirá el catálogo de los 79 vestigios franquistas porque, a su juicio, estigmatiza a su ciudad.
Torres aseguró, en declaraciones a Radio Club Tenerife, que no se ha hecho un catálogo para beneficiar o perjudicar a nadie, sino que se ha empezado por la capital tinerfeña porque es una de las ciudades con más vestigios. Al respecto, precisó que el catálogo del resto de los municipios estará culminado este mismo año.
