El yate de lujo 'Excellence', atracado en el puerto de Pasito Blanco, en San Bartolomé de Tirajana, ha tenido que frenar su actividad por no contar con los permisos necesarios para poder operar como embarcación profesional de pasajeros. El letrado Marco Medina Zeiler, en representación de la empresa Vip Boat Sitges S.L., propiedad del empresario François Avilés Fernández, ha interpuesto una demanda en el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria contra el Banco Sabadell por supuestamente no entregarles la documentación necesaria para poder operar, lo que ha conllevado que esta compañía se viese obligada a abandonar su actividad en diciembre de 2019, asumiendo desde entonces un perjuicio económico de más de 800.000 euros, según la demanda. El yate llegó a Gran Canaria el 15 de marzo de 2018 con el ojo puesto en el impulso de experiencias náuticas exclusivas en el sector turístico. La entidad alega que el empresario adeuda una factura al astillero que construyó el barco.
El 27 de junio de 2016, la empresa denunciante y el banco firmaron un contrato de arrendamiento por siete años bajo el modelo de leasing, que establecía que la entidad sería la propietaria de la embarcación hasta que sus clientes pagasen la totalidad de las cuotas y el barco pasase a ser de su propiedad. Pero, denuncia el empresario turístico, cuatro años después de iniciar las operaciones en 2018 el banco no ha inscrito el yate bajo su propiedad en el Registro de Bienes Muebles, pues no ha formalizado la compraventa de la embarcación ante notario con el astillero almeriense que lo construyó, lo que ha conllevado que no pueda obtener el rol marítimo definitivo, es decir, la licencia definitiva. Eso a su vez implica que la embarcación no pueda obtener el despacho de la Capitanía Marítima de Las Palmas que autoriza la navegación.
El barco operó en 2018 y 2019 con una licencia provisional, hasta que Capitanía Marítima no la renovó
«Debido al incumplimiento de la parte demandada en el ejercicio de sus obligaciones, el contrato firmado debe ser considerado nulo, dado que la demandada nunca ha devenido propietaria del bien arrendado, teniendo en cuenta que para el tipo de embarcación objeto de la presente litis es obligatoria la formalización de la compraventa en documento público y obligatoria su posterior inscripción en el Registro de Bienes Muebles, para poder cumplir su principal función y objeto del contrato, que es la navegación con pasajeros», señala la demanda, «sin dicha inscripción se imposibilita la obtención del documento rol definitivo de la embarcación, con lo cual la misma ni puede ser asegurada, ni puede considerarse apta para navegar».
Licencia provisional
El empresario decidió trasladar el barco a Gran Canaria en marzo de 2018 para aprovechar la temporada turística y entonces pudo iniciar sus operaciones con un rol provisional que caducaba el 21 de marzo de 2018, apenas seis días después de llegar. Fue entonces cuando el capitán del buque se dirigió a la Capitanía Marítima de Las Palmas para solicitar el despacho para comenzar la actividad. Sin embargo el organismo no se dio cuenta de que el yate carecía de rol definitivo y concedió el despacho para tres meses con cuatro prórrogas más hasta finales de 2018. Misma situación se repitió, recoge la demanda, en abril de 2019, cuando Capitanía Marítima concedió el despacho de abril a diciembre, cuando la empresa ya paralizó la actividad turística por completo.
Entre medias, el demandante insistió al banco, señala la demanda, para lograr la licencia definitiva, pero la situación no avanzó y comunicó que no haría frente a los pagos de las cuotas por no poder ejercer la explotación y tener ingresos. La entidad bancaria respondió entonces con un burofax en el que comunicó, el 25 de junio de 2019, que daba por vencido el contrato de arrendamiento financiero y reclamó el pago de 308.567 euros.
En declaraciones a este periódico, tanto el banco como el astillero alegan que el demandante adeuda una factura al constructor por trabajos extra que solicitó para el barco a título particular y por eso el astillero no firma la compraventa, factura que el propio empresario reconoce en su demanda al encontrar el yate con deficiencias. No obstante, el empresario considera que el banco debió reclamar por la vía judicial al astillero para que firmase la escritura de compraventa «teniendo en cuenta que el precio de la embarcación fue totalmente abonado por la entidad y habiendo recibido la entrega de la nave».
El empresario confía en que la situación se resuelva cuanto antes para poder reiniciar la actividad turística en el puerto de Pasito Blanco o en su caso pueda recuperar el dinero. «Solo pido que el banco reconozca que nos ha arruinado como empresarios, que nos devuelvan lo que hemos gastado y luego hagan con el barco lo que quieran», señala François Avilés Fernández, «mi intención solo era crear empleo y generar riqueza, pero solamente he encontrado dificultades y ahora me han arruinado».