Comenzó como un vertido puntual de material proveniente de los invernaderos de la zona hace unos 24 años, y se convirtió en una escombrera ilegal que se extiende sobre una superficie de casi 11.500 metros cuadrados y medio kilómetro de longitud. La consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias se gastará ahora 526.403,33 euros con ayuda europea en la clausura y restauración paisajística del vertedero ilegal de El Sobradillo, en la costa de Gáldar, que incluye la eliminación de las especies exóticas de flora que se han expandido en su entorno.
Gran Canarias contabiliza once escombreras ilegales de residuos inertes. Y desde el año 2015 la Comisión Europea mantiene un expediente de infracción a España porque todavía tiene pendiente de clausura y sellado estos espacios, que en el caso de Canarias afecta a un total de 47 espacios.
De ahí que se estén dando pasos para borrar estas zonas que ocasionan un impacto ambiental y paisajístico. Y entre ellos se incluye este de El Sobradillo, situado en el barranquillo denominado De García, a 1,63 kilómetros de Sardina del Norte, y en terrenos cuya titularidad pertenecen al Ayuntamiento de Gáldar.
La actuación, obligada por Europa, contempla la retirada de las especies vegetales invasoras
Las imágenes aéreas corroboran que hasta finales del siglo pasado el lugar se encontraba en perfectas condiciones. Y sería a partir de 1998 cuando se aprecia el comienzo de depósitos de material proveniente de los invernaderos de la zona. Desde entonces no hizo más que expandirse.
El lugar acoge restos agrícolas, de obras, plásticos y palets
Los escombros se localizan en el cauce natural de un barranquillo, con sendos taludes laterales conformados por residuos. Y se distinguen principalmente cinco grupos de residuos diferenciados, según su naturaleza: residuos de la construcción y demolición, que constituyen el mayor porcentaje del volumen a tratar; maderas, en forma de palets dispersos por toda la superficie; asfaltos (localizados en la cima de la montaña); restos de podas y de invernaderos; plásticos y neumáticos.
El proyecto, que está en fase de contratación, establece entre las actuaciones a realizar una primera inspección medioambiental con análisis e inventario de la superficie, con el fin de localizar si existen especies exóticas invasoras que requieren una actuación cuidadosa de retirada y gestión, para evitar el esparcimiento de sus semillas y su reproducción. De momento, se han hallado entre otros ejemplares Atriplex semibaccata, Nicotiana glauca y Erigeron bonarensis.
Especies protegidas
Pero también se determinará si existe alguna especie protegida susceptible de aislar, con el fin de que no sufra ninguna afección en el transcurso de la obra.
La intervención contempla dos fases. En primera instancia tratará de clasificar, retirar y gestionar el mayor volumen posible de residuos, sea cual sea su naturaleza (incluso voluminosos o peligrosos si existieran), cribarlos y llevarlos a un gestor de residuos autorizado para, posteriormente, naturalizar la superficie.
Por otro lado y una vez concluida la primera actuación de limpieza y clasificación, se tratarán aquellos residuos que queden, comenzando la ejecución de los distintos movimientos de tierras, que persiguen readaptar las laderas del barranquillo, en la medida de lo posible, a la morfología que tenía en sus orígenes hace más de 24 años.
Desmonte
De forma global se moverá aproximadamente un volumen de 11.589,44 metros cúbicos en desmonte, que será acopiado, cribado y clasificado, aprovechando el material clasificado como tolerable para la ejecución de los pertinentes rellenos y sellados.
Los técnicos estiman que se necesitan unos 2.518,21 metros cúbicos como capa de sellado del vertedero. Y, en el caso de que no se consiga este volumen por cribado y tratamiento en obra, estos serán traídos de préstamos de canteras próximas autorizadas, y con material de características equivalentes y semejantes al existente en el entorno de la actuación.
Cinco meses para ejecutar la obra
A su vez, las medidas de mantenimiento y control posterior quedan garantizadas con el vallado previsto en el proyecto, que evite al menos el acceso rodado y que pueda facilitar que se sigan vertiendo desde la parte superior de las laderas contiguas a los caminos existentes.
Así como la colocación de carteles en los laterales de la cuenca del barranquillo con el aviso de “Prohibido verter residuos”, y que conllevaría sanciones económicas a los posibles infractores.
Se ha estimado que la actuación tiene un plazo de ejecución de cinco meses desde la contratación de la empresa.
