El Juzgado de los Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria dejó ayer lunes visto para sentencia el juicio contra Saúl R. L por matar presuntamente un joven ejemplar hembra de halcón tagarote.
El juicio, el primero que se celebra en Canarias con testigos de los hechos por la muerte de una especie en peligro de extinción, trata de aclarar los hechos ocurridos en la tarde del domingo 28 de octubre de 2018, cuando sobre las cinco de la tarde un vecino del pequeño pueblo de La Lajilla, en el pueblo de El Ingenio de Santa Lucía de Tirajana, observa como un grupo de cazadores que trataban de abatir palomas y perdices pega un tiro al halcón, siendo recriminados tanto por este testigo como por un grupo de escaladores que también se quejaron de la cercanía de los disparos.
Los testigos relatan que el halcón llevaba atrapado algún animal entre sus garras, y que incluso se «vanaglorian» de que el ejemplar soltara la pieza en el momento en el que recibe una decena de perdigones que, según el veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, Pascual Calabuig, debieron acabar de inmediato con su vida.
En el escrito del Ministerio Fiscal se puntualiza la «evidente intención», por parte del encausado, «de atentar contra la fauna silvestre del lugar» a tenor de la poca distancia en la que se efectuaron los tiros.
La falta de testigos provoca que este tipo de casos queden casi siempre impunes
Tal es así que, según expone Calabuig, el hecho de que se encontraran once perdigones en el cuerpo del animal indica que la munición no tuvo espacio para expandirse, «de ahí el elevado número de proyectiles que recibió el ejemplar» de Falco pelegrinoides.
Tras dar aviso a la Guardia Civil el animal fue recogido y entregado bajo cadena de custodia en el centro de recuperación donde se le realiza la oportuna documentación con fotografías y radiografías.
En un primer informe ocular se establece que se trata de un ejemplar de halcón tagorote, especie catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero), y se deduce por su tamaño, peso y plumaje que se trata de una hembra juvenil.
El cuerpo presentaba distintas heridas y perforaciones, con hemorragia en la narina derecha y fracturas del tibiotarso y fémur en la pata izquierda y del cúbito en el ala del mismo lado.
Dos radiografías, una ventro-dorsal y otra latero-lateral, evidenciaron que esas fracturas estaban producidas por los impactos de perdigones «que parecen ser del calibre 6, de los que se usan para la caza de perdiz o paloma».
Tras esta primera evaluación, el ejemplar se introdujo de nuevo en la bolsa «y se precintó debidamente para ser remitido a la Facultad de Veterinaria para que le realizaran una necropsia reglada para la emisión del respectivo informe», que ratifica estas circunstancias y que también fue aportada por la acusación que ejerce la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que exige para el acusado dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación para ejercer la caza e indemnización económica.
Durante la sesión celebrada ayer los testigos también señalaron cómo tras abatir el animal y formarse el posterior revuelo con el vecino y los escaladores, el grupo formado por cuatro cazadores, si bien ellos sostienen que eran siete, respondieron con una ráfaga de disparos al aire, mientras que el acusado, que reconoce «que llevábamos todo el día pegando tiros», niega los hechos.
Para encontrarse un episodio similar hay que remontarse al juicio por el asadero de pardelas de 2015
Según Calabuig la muerte de animales víctimas de disparos no es inusual en Canarias, si bien cada vez lo es menos. Lo que hace de este juicio una rareza es la oportunidad que supone para la acusación contar con testigos, ya que de forma habitual aquellos que han podido ver estos actos no se impliquen por temor a las posibles represalias de los autores.
Las víctimas incluyen «de todo», afirma el veterinario, «águilas pescadoras, garzas reales, halcones, búhos, águilas ratoneras o cernícalos», como el último de ellos que está ingresado estos días en el centro de recuperación tras recibir un balinazo disparado desde una azotea en Tamaraceite, con el que le rompieron el húmero.
Todos estos delitos quedan en la más absoluta impunidad por falta de testimonios, y para encontrar situaciones en que sus presuntos autores se sientan en el banquillo hay que remontarse a sonados episodios como el juicio por el asadero de pardelas celebrado en el islote de La Alegranza en 2015, que culminó con la condena de diez acusados cuatro años después a los que se les impusieron una multa individual de 8.640 euros, además de tres años de inhabilitación para la caza.
En este aspecto, Saúl R. L. se enfrenta a una especie con una mayor protección, dado que se encuentra catalogada en peligro de extinción, y en el caso concreto del halcón tagarote «estamos ante una de las rapaces con las multas más caras», añade por último Pascual Calabuig.
