Santa Águeda pasa a ser un puerto deportivo sin transporte de cemento

El puerto de Santa Águeda tendrá un uso deportivo. La entidad pública Puertos Canarios dará un uso deportivo-recreativo a este muelle que hasta ahora ha tenido una explotación industrial por parte de Cementos Especiales de las Islas (Ceisa), a la que el Gobierno canario no le renovará la concesión, según anunció este martes en la Cadena Ser el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. Una decisión que ha sido bien recibida por el sector turístico, que desde hace más de cuatro años reclama el fin de la concesión a la cementera, mientras que fuentes de esta compañía recuerdan que aunque la autorización de explotación del puerto inicialmente vencía el 28 de octubre de 2022, según Puertos Canarios, esta entidad tiene abierto un procedimiento administrativo que «nos permite operar con normalidad», en relación a una resolución firmada el pasado 7 de octubre por el director gerente de la entidad que dio inicio a un nuevo expediente de otorgamiento de una nueva concesión.

El consejero Pablo Rodríguez ha descartado así el uso compartido deportivo e industrial propuesto por una comisión mixta conformada por varias consejerías del anterior Gobierno presidida por Sebastián Franquis y justifica su decisión en el cumplimiento de las disposiciones del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), que establece que una vez vencida la concesión a la cementera el puerto pasará a ser una infraestructura deportiva y de ocio. «La concesión del puerto ha llegado a su fin sin posibilidad de prórroga, se recoge en el PIO, lo que representa una oportunidad única para replantear el uso de este puerto», señaló en declaraciones a este medio. 

Puertos Canarios dará un nuevo uso turístico deportivo a Santa Águeda

«Estando en la oposición ya expresamos nuestra postura en este sentido. No es una decisión espontánea, sino fundamentada», señaló Rodríguez, en relación a las palabras pronunciadas por él mismo el pasado mes de octubre, cuando Puertos Canarios firmó la resolución que iniciaba un nuevo expediente de otorgamiento de concesión amparada por la Ley de Costas, en virtud de que la actividad portuaria está vinculada a la explotación de recursos mineros. En aquellas declaraciones, Rodríguez advirtió que el anterior Gobierno «condena» a esta bahía a soportar otros 25 años de industria pesada -en relación a la petición de prórroga presentada por Ceisa- y acusó al Ejecutivo de «trato de favor a una empresa extranjera».

Ahora, con la decisión de no renovar la concesión para la explotación industrial del puerto, el consejero ha manifestado también el «compromiso absoluto» del Gobierno del que forma parte «con la recuperación de ese espacio para usos más sostenibles y menos agresivos que la industria, sin alterar la zona ni ir en contra, por supuesto, de los intereses de los vecinos». Consultado sobre la posibilidad de mantener la anterior propuesta del uso compartido de las instalaciones portuarias, además de a la norma urbanística, Rodríguez aludió a cuestiones de seguridad. «No se entiende una actividad mixta en este espacio por el peligro que supondría para los usuarios», manifestó en declaraciones a este periódico.

Rodriguez:«Tenemos un compromiso con la recuperación del espacio para usos más sostenibles»

Sobre cuáles serán los pasos a seguir a partir de ahora, Rodríguez explicó a la Ser que llevará este asunto a la próxima reunión del Consejo de Administración de Puertos Canarios, que se celebrará a final de mes, y se tomará la decisión de manera colegiada. En todo caso, se cambiará el uso del puerto antes de finalizar el año. «No lo decimos nosotros, lo dice el PIO», insistió el consejero, quien además explicó que ahora debe ser la empresa hasta ahora concesionaria la que debe presentar un proyecto de desmantelación de la zona portuaria.

Reacciones

Por su parte, fuentes de la empresa cementera han eludido hacer declaraciones sobre las palabras del consejero y las próximas decisiones del Gobierno sobre la permanencia de esta industria en el puerto, pero recuerdan que «existe un procedimiento administrativo abierto por parte de Puertos Canarios que nos permite operar con total normalidad, por lo que a día de hoy no tenemos nada que añadir». Aunque sobre la mesa está la renovación de la concesión del puerto, la empresa ha defendido desde el primer momento que, aunque no reciba esa prórroga, mantendrá la fábrica donde está actualmente porque el suelo es de su propiedad y trasladará el cemento por carretera, a razón de 100 camiones al día, ante la imposibilidad de trasladarlo por barco. 

Desde el sector turístico, por otro lado, han celebrado el anuncio del consejero autonómico después de llevar más de cuatro años reclamando el fin de la concesión, que la empresa Propiedades Cordiales, con intereses en la zona, adelantaba desde el 28 de octubre de 2022 al 10 de marzo de 2020 al considerar que debía tenerse en cuenta una concesión otorgada en 1990 tras la ampliación del puerto y por otros 30 años.

El director general del grupo Cordial, Nicolás Villalobos, manifestó su satisfacción por que el Gobierno no vaya a renovar la concesión del puerto a la cementera. «Lo recibimos con absoluta normalidad y naturalidad, esto es lo lógico y lo razonable», sostuvo, «la normativa es clara en el sentido de que no cabe ningún tipo de prórroga y el planeamiento es unívoco desde el PIO de 1995, otra vez en 2003 y ahora el aprobado en 2022, pues todos señalan que una vez vencida la concesión ahí no cabía otro uso que el deportivo para maximizar el interés general y el beneficio de la comunidad».

Fuentes de Ceisa: «En Puertos existe un proceso administrativo que nos permite operar»

La denegación de la prórroga a Ceisa para el uso industrial del puerto «es lo que corresponde», afirmó Villalobos, «estamos en un Estado de derecho y el Ejecutivo no puede hacer otra cosa que someterse a la normativa y al planeamiento urbanístico que forma parte de la ley». «Es lo que llevamos años defendiendo: una vez vencida la concesión no se puede tolerar el uso exclusivo y excluyente del dominio público por parte de un particular», añadió, «siempre se estableció que la pieza de suelo de la bahía de Santa Águeda y la desembocadura del barranco de Arguineguín debería especializarse turística y para ello es fundamental esa infraestructura portuaria». Consultado sobre la posibilidad de que Ceisa pueda llevar el asunto a los tribunales, Villalobos afirma que no le ve «ningún recorrido» ya que «la normativa es clara».

Por otro lado, desde el Cabildo, su presidente, Antonio Morales, recordó que en todo momento su administración manifestó que era el Gobierno el competente en la materia. «Si el consejero anuncia una decisión que va a impedir la renovación de la concesión a la cementera, está claro que el puerto tendrá el uso deportivo-turístico que establece el PIO», aclaró, al tiempo que reconoció que la cementera podrá seguir ejerciendo su actividad en su suelo. «Otra cosa es que se haga un Plan Parcial y una mayoría decida lo contrario; en ese caso habría que iniciar un procedimiento de expropiación e indemnización, pero en cualquier caso habría que desarrollar un plan especial para el puerto».

Por último, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no se ha pronunciado al respecto. No obstante, su alcalde, Marco Aurelio Pérez, recordó en una reciente entrevista que la propiedad de la empresa ahora tiene un «nuevo incentivo». «El suelo ha pasado a tener la categorización de turístico y tiene un mayor valor», señaló

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