Los empresarios extrahoteleros rechazan el uso turístico y residencial en el mismo suelo

La patronal extrahotelera de Las Palmas teme que se permita el uso residencial en todas las parcelas turísicas y no solo en la que ya están totalmente residencializadas. Así lo expresa Fernando Estany, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT), quien sostiene que si salen adelante las modificacines de planeamiento planteadas por municipios como San Bartolomé de Tirajana para que las parcelas turísticas puedan contemplar el uso mixto será un varapalo para el secor turístico. "Zonas como Playa del Inglés serán un caos porque no habría un solo establecimiento que sobreviviese con la imagen homogénea y de calidad por la que llevamos 60 años trabajando", manifiesta.

En declaraciones a este periódico, Estany muestra el posicionamiento de su organización semanas después de que el primer teniente de alcalde y concejal responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, anunciase que su departamento pondrá en marcha una modificación del planeamiento municipal para posibilitar que en la zona turística quepa el uso mixto, es decir, el turístico y el residencial -para aquellos que residen ahí antes del 1 de enero de 2017, como recoge la ley del Suelo-, una medida que permitiría que el Gobierno canario suspenda las más de 600 sanciones impuestas a los propietarios que desde hace años tienen en suelo turístico su primera o segunda residencia y no ponen el apartamento en explotación. "Vamos a especializar el uso de las parcelas y eso se traduce en que vamos a modificar el PGO para permitir el uso mixto, residencial y turístico”, sostuvo entonces Marichal. La modificación se realizará a través de una ordenanza provisional.

Y esas afirmaciones han dejado inquietos a los empresarios extrahoteleros. "Nos hemos reunido con la consejera [de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León] y tenemos constancia de que lo que ha solicitado a los ayuntamientos es que se declaren residenciales las parcelas que están totalmente residencializadas", señala Estany, "pero parece ser que un encargo que ha hecho el Ayuntamiento a uno de los redactores del Plan General está encaminado a que se concluya que se pueda establecer el uso mixto en cada parcela".

"Nos preocupa que ahora salga un informe al que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se pueda agarrar para declarar que en todas las parcelas pueda existir el uso residencial"

Es por eso que considera que el Ayuntamiento "está haciendo una mala interpretación" del Plan General de 1996. "El plan perseguía que todo lo que estuviese por debajo de la GC-500 se encaminase a suelo turístico y, aunque recoge la primera y segunda residencia, solo permite las que ya estuvieran por debajo de esa carretera antes de que se aprobase el plan o ya tuvieran licencia de construcción que calificase las parcelas como residenciales", añade Estany, "pero no dice que a partir de ese momento se puedan seguir habilitando parcelas de uso mixto en la zona turística".

Normativa

Y alude también a la amplia normativa que prohíbe residir en áreas turísticas. "La Ley de Directrices de Ordenación General del Turismo en Canarias de 2003 excluye exclusivamente la posibilidad de nuevas implantaciones de ambos usos en una misma parcela, primando el mantenimiento del uso turístico alojativo sobre el residencial, también la ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias y la Ley del Suelo de 2017", recuerda, "en este sector se han ido dictando normas para que el producto tenga calidad y homogeneidad, por eso en la Ley del Turismo de Canarias de 1995 estableció la unidad de explotación, porque se veía que dentro de cada complejo había una heterogeneidad y falta de responsabilidad con los clientes, que no sabían quiénes eran los responsables de sus vacaciones". Por eso, prosigue el representante de la patronal, "nos preocupa que ahora salga un informe al que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se pueda agarrar para declarar que en todas las parcelas pueda existir el uso residencial".

Sobre el principio de unidad de explotación, Estany sostiene que "no es cierto" que los propietarios deban ceder la explotación a un gestor, como defiende la Plataforma de Afectados de la Ley Turística. "La explotación la pueden realizar los mismos propietarios, pero existen unas normas y para realizarla personalmente debe hacerse igual que si fuese una empresa externa a la propiedad, con una unidad de explotación en comunidad con el resto de los propietarios que deseen hacerlo".

Por otro lado, el presidente de los extrahoteleros señala que los empresarios turísticos no están en contra los canarios que han comprado un bungaló para ir los fines de semana o los meses de verano, pero matiza que realmente "eso es un uso turístico como el de cualquier cliente". "Lo que no nos parece permisible es el uso como residencia permanente porque los hábitos y necesidades de los turistas y los residentes son distintos", apunta. "Con las nuevas tecnologías estamos sometidos a que el triunfo de un establecimiento viene dado por las opiniones de los clientes en internet, y ese es uno de los problemas, que la gente que reside de forma habitual, quieran o no, deterioran las opiniones de los clientes y eso provoca menos huéspedes, bajada de precios y pérdida de puestos de trabajo". De hecho, recuerda que el Istac ha cifrado en 35.014 la pérdida de plazas extrahoteleras en Gran Canaria entre 2015 y 2022, una caída de 22.759 puestos de trabajo y una pérdida anual de 1.089 millones de euros de actividad económica, según el Tides.

Por último, Estany critica la "paradoja" de pedir que se pase el uso de una parcela a residencial para "poder hacer en ella una actividad turística", en relación al modelo de vivienda vacacional. "Por eso lo lógico en suelo turístico sería que la vivienda vacacional se contemplase como una tipología extrahotelera más y por tanto estuviese sometida igualmente a la unidad de explotación", añade, "el suelo turístico lo es más allá de que las administraciones hayan consentido que se residencialice a pesar de nuestras continuas denuncias todos estos años. No debe ser el sector turístico quien pague esta ineptitud", concluye.

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