San Bartolomé de Tirajana cambiará el planeamiento para permitir el uso residencial en zona turística

San Bartolomé de Tirajana ya se ha puesto manos a la obra para regular la coexistencia entre los operadores turísticos y los propietarios particulares en los complejos de apartamentos. El Ayuntamiento modificará el Plan General de Ordenación (PGO) para posibilitar que en la zona turística quepa el uso mixto, es decir, el turístico y el residencial, y lo hará para evitar que los propietarios que desde hace años viven en suelo turístico reciban las sanciones impuestas por el Gobierno de Canarias por no alquilarlos en explotación sino usarlos para vivir en ellos como residencia habitual o segunda vivienda. Así lo anunció este miércoles el primer teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Alejandro Marichal, apenas una semana después de que la consejera de Turismo del Ejecutivo regional, Jéssica de León, instase a los ayuntamientos a regular el uso residencial en suelo turístico a través de ordenanzas provisionales o modificaciones menores del planeamiento.

Tras una reunión con la diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias Vidina Espino, a la que trasladó la necesidad de impulsar una modificación de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias dado que "no atiende a los problemas que hay en materia turística a los que se enfrenta el municipio", Marichal explicó que el Consistorio va a "especializar el uso de las parcelas". "Eso se traduce en que vamos a modificar el PGO para permitir el uso mixto, residencial y turístico”. Esa modificación del planeamiento, que se llevará a cabo en los próximos meses, será la "herramienta", sostuvo el concejal, para que el Gobierno de Canarias suspenda los expedientes sancionadores que ha iniciado.

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A esta fórmula se ha llegado después de meses de trabajo con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y con el Gobierno de Canarias tras la oleada de sanciones del año pasado. En marzo de 2023 llegaron las primeras seis sanciones y entre agosto y octubre de ese mismo año otras cincuentas multas, todas ellas amparadas en la aplicación de la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias, un documento que desde aquel año establece que los propietarios de apartamentos ubicados en suelo turístico no pueden vivir en ellos si no pueden demostrar que lo hacían desde antes del 1 de enero de 2017, en aplicación de la disposición transitoria séptima de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Un dictamen del redactor del Plan General concluye que no existe especialización en las parcelas

Para llegar a esta decisión, el Consistorio primero encargó un dictamen al redactor del Plan General vigente, un documento que concluyó que "no existe especialización" en el uso de las parcelas en la zona turística del municipio, por lo que al no existir primero es necesario realizar modificaciones en el planeamiento para determinar exactamente cuáles son los usos en cada una de las parcelas. Esta modificación se llevará a cabo a través de una ordenanza provisional cuya evaluación ambiental realizará el órgano ambiental municipal.

La diputada, por su parte, mostró su compromiso a impulsar un cambio normativo en materia turística «aunque modificar leyes no es tarea fácil», sostuvo Espino.

Vivienda y Servicios Sociales

Por otro lado, durante el encuentro se abordó la necesidad de impulsar la construcción de vivienda en los municipios "donde la gente trabaja", como este municipio turístico, por lo que Marichal consideró "necesario" que desde el Parlamento regional "se promuevan iniciativas para una buena promoción pública de vivienda". En este sentido, Espino criticó que en la anterior legislatura la Cámara aprobase un plan de vivienda que ha sido "ineficaz".

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Por último, ambos representantes públicos prestaron especial atención a los Servicios Sociales, sobre todo al ámbito de menores y personas mayores. Por un lado, Marichal destacó la necesidad de contrar con una ley de atención temprana, sobre todo para niños con necesidades especiales. "Es un servicio que teníamos en el municipio hace 12 años y ha desaparecido", dijo, al tiempo que Espino tachó de "insuficientes" los servicios ofrecidos por el Gobierno regional desde que el 2019 el Parlamento aprobase una ley por la cual el Ejecutivo asumía las costes de la atención temprana. La diputada también creyó necesario que San Bartolomé de Tirajana cuente con al menos tres centros de día más para atender a la población mayor.

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