Del tronco de la operación Unión, que estalló en 2009, acabaron naciendo una docena de ramas, de distintas piezas que se siguen instruyendo en Lanzarote o que ya se han juzgado, pero también dio lugar a que germinaran otros casos paralelos. A principios del año pasado, su primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, denunció en los Juzgados de Arrecife el robo o desaparición de más de veinte autos originales del caso principal. Los que aparecían en el sumario sólo tenían la firma del entonces secretario, José Ramón Vera, que admitió que los había imprimido, firmado e incorporado a la causa con posterioridad. Pamparacuatro sostiene que elaboró y firmó esos autos (de detenciones, de prisión o de libertad de varios imputados), y tras negarse a firmarlos denunció su desaparición.
La denuncia cayó en el Juzgado número 3 de Arrecife, cuyo titular es Rafael Lis. Unos meses después de esa denuncia, la mujer de Lis, Margarita Alejo, que es abogada, asumió la defensa del conocido empresario Juan Francisco Rosa en el caso de la bodega Stratvs. Rosa está imputado en Stratvs y en Unión y algunas de las pruebas encontradas en el sumario de Unión se incorporaron al de Stratvs. Pamparacuatro recusó al juez Lis porque considera que ese vínculo pueda afectar a la imparcialidad de la instrucción y la Fiscalía de Arrecife no sólo apoya esa recusación y pide que se aparte al juez Lis sino que cree que hay base suficiente para dudar de la imparcialidad del juez Lis.
Eso es lo que dice un informe del pasado mes de noviembre la fiscal Yolanda López. En primer lugar, recuerda que la investigación sobre los autos podría tener consecuencias, efectos jurídicos, sobre el caso Unión, en el que está imputado el cliente de la mujer de Lis. Se podría llegar a determinar la nulidad de algunas actuaciones, como ya ocurrió en el mismo caso con los autos de entrada y registro de las oficinas del empresario Luis Lleó, en los que aparecía el nombre de otro imputado y que se anularon y con ello se dio carpetazo a dos investigaciones de la UCO, una sobre dos miembros del Consejo General del Poder Judicial que asesoraban a Lleó y otra sobre irregularidades en Cajacanarias.
"Ausencia de imparcialidad"
La fiscal dice que hay "sospechas fundadas de la ausencia de imparcialidad" de Lis, que dictó el secreto de las actuaciones en el mes de junio de 2014 pero que no ha ordenado ninguna diligencia de investigación, ni siquiera la toma de declaración del denunciante del caso. Sin embargo, según la Fiscalía, Lis ha permitido la personación en calidad de acusadores particulares de varios imputados en Unión, entre los que se encuentra Rosa, en una causa declarada secreta. Dice la fiscal que no se les puede conosiderar ofendidos o perjudicados. Es más, dice que su personación es inadmisible porque al considerarles como perjudicados se les descarta como posibles autores del delito, cuando los imputados serían los más beneficiados si se decretase la nulidad de algunas actuaciones dentro del caso Unión. "Parece que el juez ya toma partido por una concreta línea de investigación que excluye de responsabilidad a quienes pudieran ser los principales beneficiarios de una nulidad de actuaciones en Unión, lo que va en contra de la necesaria imparcialidad", señala la fiscal.
Pero es más, la Fiscalía cree que a Rosa ni siquiera se le puede considerar perjudicado ni de forma indirecta porque de entre los autos desaparecidos no hay ninguno que le afecte, a pesar de que el juez sí ha incorporado a su investigación el auto que declaraba la puesta en libertad del empresario. La Fiscalía destaca la "incongruencia" de admitir acusaciones particulares después de decretar el secreto de las actuaciones y recuerda que la Audiencia Provincial ya puso de relieve su extrañeza por este hecho porque los acusados en la pieza de Unión por la que se juzgó a Dimas Martín y a Rodríguez Batllori hicieron valer esta causa secreta para pedir la suspensión del juicio, aunque no lo lograron.
El Ministerio público dice que le "sorprende poderosamente" que Lis no haya llamado a declarar a Pamparacuatro, como denunciante, pero sin embargo haya aceptado las diligencias que le están solicitando los imputados personados en la causa: "Es una causa que se nutre de los testimonios de particulares que interesadamente y con carácter parcial y sesgado le van introduciendo los personados como acusaciones particulares de no se sabe qué delito en la presente causa", y añade que se han practicado diligencias que tiene poco o nada que ver con la causa y que se ha ido prorrogando el secreto de sumario mensualmente "pese a no haber hecho ninguna diligencia esencial".
Nulidad de actuaciones
Por todo esto, dice la fiscal que hay "sospechas fundadas sobre la ausencia de imparcialidad objetiva del juez instructor" y que la sospecha de que el procedimiento se utilice en beneficio del cliente de la pareja del magistrado se puede considerar legítima. Por último, describe las contradicciones en la instrucción: "La amplitud del objeto de las diligencias contrasta con la propia denuncia que no ha sido ratificada por decisión del juez; la declaración de secreto contrasta con la permisividad de las personaciones y de la admisión de documentación; la ausencia de una línea de investigación clara y definida contrasta con la toma de partido inicial que excluye de una eventual responsabilidad a quienes pudieran ser los principales beneficiarios de una supuesta nulidad de actuaciones". Será la Audiencia Provincial de Las Palmas quien deba decidir si el juez Lis sigue o no sigue tramitando este caso.
