La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha desplazado a La Graciosa los equipos móviles de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para comprobar el estado general y los elementos de seguridad de los vehículos que circulan por la Isla, revisiones de carácter obligatorio. Las inspecciones comenzaron este martes y se prolongarán, en principio, hasta este jueves, tras concertar las citas con los propietarios de los utilitarios, que previamente debieron abonar las tasas establecidas para esa prestación. Las comprobaciones se realizan en un garaje de la calle Calima de Caleta de Sebo.

La visita de la ITV corresponde a los dos desplazamientos anuales (mayo y noviembre) de ese servicio a La Graciosa con el fin de facilitar que los usuarios puedan tener acceso al mismo sin necesidad de trasladarse a Lanzarote, tras la petición realizada desde el Ayuntamiento de Teguise. Sin embargo, los conductores de 'jeep safaris', que ofrecen las excursiones y el transporte de taxis en La Graciosa, se quejan de la falta de respuesta de las administraciones sobre los problemas que se plantean ante la imposibilidad de regresar con los coches a La Graciosa si viajan a Lanzarote para llevarlos al taller mecánico en caso de que requieran atenciones más especializadas. Precisamente, ése fue uno de los motivos que llevaron por primera vez a los empresarios del sector a realizar un paro el jueves de la pasada Semana Santa en La Graciosa, junto con la reivindicación de legalizar su actividad.

La entrada de cualquier vehículo en La Graciosa no está autorizada, a no ser que se trate de casos puntuales y justificados, como la maquinaria para acometer obras públicas. El Ayuntamiento de Teguise dejó de dar permiso para circular por La Graciosa en 2008. La Guardia Civil cifra en 296 el parque de vehículos en La Graciosa, una cifra sobredimensionada para un territorio protegido en su totalidad y con una población que ronda los 750 habitantes censados. La ordenanza reguladora del tráfico en La Graciosa, en vigor desde el año 2005 y pendiente de revisión para adaptarla a las necesidades actuales en consonancia con la protección del territorio, permite menos de una decena de vehículos a motor en la Isla.