El día en la residencia real de La Mareta en Costa Teguise transcurrió ayer de forma apacible. Tras unos días en el que el viento apenas invitaba a salir, el buen tiempo permitió a la familia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, disfrutar al aire libre fuera de la vivienda que el rey Hussein de Jordania regaló al monarca español Juan Carlos. Sin embargo, las vacaciones en Lanzarote del presidente están siendo empañadas por las críticas al uso que el mandatario socialista está haciendo del avión Falcon del Ejército del Aire para sus viajes privados.
Sánchez que se encuentra en Lanzarote con su esposa Begoña Gómez, sus dos hijas y su perrita Turca alargará su estancia en la isla previsiblemente hasta el próximo sábado, víspera del Día de Reyes. No obstante, el secretismo sobre los planes del presidente en la isla está siendo total y tampoco ha transcendido si Sánchez se reunirá con los cargos públicos del PSOE en las islas, tal y como solía hacer el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando elegía La Mareta para descansar.
Desde fuentes de la sede de Presidencia en Moncloa insisten en no dar detalles de la estancia de Pedro Sánchez y su familia en Lanzarote al destacar que es una visita estrictamente privada. Sin embargo, el presidente no ha dudado en utilizar el avión Falcon para desplazarse hasta Lanzarote, al igual que sucedió también cuando acudió el pasado mes de julio a Castellón para asistir a un concierto. Ese viaje despertó las críticas del PP que recurrió hasta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para intentar averiguar cuánto costó el desplazamiento del presidente en el Falcon. En su respuesta oficial, el Gobierno ha aclarado que no puede revelar el importe total del coste del viaje que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castellón el pasado mes de julio en virtud de la Ley de Secretos Oficiales; excepto los 282,92 euros que supusieron los gastos de protocolo.
Desde el Ejecutivo explican que todos los detalles del desplazamiento, incluida la comitiva que acompañó al presidente en el viaje, no pueden ser revelados porque "afectarían a los planes de protección" recogidos en la Ley de Secretos Oficiales. Así consta en una resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que responde a una petición de información del asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, sobre "el coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del Presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para el desplazamiento".
Este viaje de Pedro Sánchez generó polémica porque el presidente aprovechó la ocasión para asistir junto a su mujer a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Sin embargo, el Ejecutivo recalca que el objeto del desplazamiento fue una visita a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
Fuentes del Gobierno también destacan que toda la normativa sobre materia clasificada en los viajes del presidente es anterior al actual Gobierno "y ha sido utilizada por todos los Ejecutivos precedentes, ya sean del PP o del PSOE".
Tras esta respuesta, el PP quiere que el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, comparezca en el Congreso para explicar por qué el Ejecutivo blinda los viajes del presidente, Pedro Sánchez, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. En declaraciones a Europa Press, Salom tachaba ayer de "tomadura de pelo" del Gobierno y "una broma de mal gusto" el hecho de "valorar en 282,92 euros el viaje privado en el Falcon a Castellón", por lo que avanzó que volverá a reclamar la actuación del Consejo de Transparencia y presentará una queja al Defensor del Pueblo.
Las críticas coinciden también con la visita del presidente de Irlanda, Michael Higgins a Gran Canaria para pasar sus vacaciones navideñas. Sin embargo, el mandatario irlandés y su esposa Sabina Coyne han realizado su viaje en un avión de la compañía de bajo coste Ryanair ante la sorpresa del resto del pasaje. Higgins estuvo el pasado año en Lanzarote, isla a la que también se desplazó en un vuelo regular.
Los que volvieron a protestar ayer ante Sánchez fueron los funcionarios de la cárcel de Tahíche, aunque en esta ocasión en el mar donde desplegaron una pancarta con la frase "Prisiones en huelga". Los funcionarios exigen el equiparamiento salarial, al igual que se ha hecho con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que "pese a la promesa del ministro de Interior, no se ha producido", según denuncian, y también un incremento de plantilla para poder hacer frente "con más autoridad y seguridad" a los conflictos que protagonizan algunos internos en las cárceles.
