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Arrecife reitera su protesta por el CATE tras inundarse por la lluvia

Ástrid Pérez, presidenta del PP y alcaldesa, alega que el centro de migrantes es «una laguna de agua» v Critica a Interior por la obra

Aspecto del CATE de Arrecife tras las lluvias caídas en la madrugada del lunes al martes. |

El Partido Popular (PP) de Lanzarote denunció ayer que el Centro de Acogida Temporal (CATE) de Arrecife, que a lo largo de los últimos meses ha sido motivo de disputa entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento, se ha convertido en «una laguna de agua» con las primeras lluvias del año.

La presidenta del PP de Lanzarote y alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, señala que las instalaciones «no reúnen condiciones dignas para la acogida de inmigrantes irregulares» e insiste que el Ministerio del Interior instaló el CATE «de forma ilegal».

A principios de febrero, el Consejo de Ministros dio al CATE el rango de «obra de interés general», lo que le liberaba de necesitar la licencia de obra que le corresponde conceder al Ayuntamiento de Arrecife.

«Esta madrugada [de ayer] el CATE ha amanecido convertido en una laguna de agua; un hecho que se produce después de que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunciara que la instalación está ya operativa para acoger a los inmigrantes que llegan a las costas de Lanzarote en pateras», apunta Pérez, que recuerda que el Ayuntamiento de Arrecife presentó varios informes en contra de la puesta en funcionamiento del CATE en la ubicación actual.

Pérez recuerda que se presentaron informes al Estado en contra del lugar elegido para situarlo

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Entre esos informes, añade la alcaldesa, figura uno de Protección Civil «que advertía del riesgo de inundación por lluvias y las consecuencias de insalubridad que tendrían que soportar los inmigrantes que fuesen trasladados a ese Centro de Atención compuesto por 20 casetas de campaña, baños químicos y dos módulos para gestión administrativa».

«El Ministerio de Interior asegura que en las instalaciones del CATE se invirtieron 2,1 millones de euros, mientras que en la solicitud de licencia que presentó la Dirección General de Policía, con posterioridad a su instalación, el proyecto de ejecución de esas dependencias tenía un coste de 1,3 millones, casi un millón menos de lo manifestado por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana», concluye la regidora municipal capitalina.

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