La vieja gasolinera de La Laja ha cumplido ya más de ocho años abandonada, desde que el Gobierno regional obligó a cerrarla, tras la apertura del túnel de La Laja y el establecimiento del sentido único Sur-Norte en los carriles que están junto a la playa.
El contencioso que mantienen desde entonces el dueño de la estación de servicio y la compañía BP con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias impide retirar los restos del inmueble, cuyo deterioro se ha ido agravando desde su cierre en febrero de 1999.
El propietario de la gasolinera, Rafael Alvarado, recurrió ante los tribunales la orden de cierre de la gasolinera. Según asegura Alvarado, el cierre se produjo sin indemnización ni compensación ninguna.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó el pasado año una sentencia que le da la razón al propietario, pero la Consejería regional de Obras Públicas ha recurrido la decisión judicial ante el Tribunal Supremo, por lo que se prevé que el pleito se prolongue durante varios años más.
Alvarado demandó a la Consejería de Obras Públicas ante los tribunales, al negarse este departamento del Gobierno de canarias a otorgarle una indemnización por el cierre de la actividad. El Gobierno regional se mantuvo en sus trece, explica Alvarado, "pese a que un informe del Consejo Consultivo de Canarias dictaminó que nos tenían que indemnizar".
"Nos dejaron en la calle y sin llavín", señala el propietario de la estación, que fue creada en 1951 y en la que trabajaban doce personas, que se fueron al paro.
NEGOCIO. La de La Laja fue una de las estaciones de servicio de la provincia con un mayor volumen de negocio. Debido a su situación estratégica, situada a la salida de la ciudad, mucha gente paraba allí para repostar cuando se dirigía al Sur.
En las negociaciones que mantuvieron el propietario y la Consejería se habló inicialmente de permutar el solar de La Laja por otro situado en la autopista del Sur unos kilómetros más adelante, pero las conversaciones culminaron sin acuerdo. Además de la indemnización que demanda Alvarado, la compañía BP reclama al Gobierno más de seis millones de euros.
