Sin dormir, envueltos en una manta o de pie, algunos hasta en casetas de campaña montadas delante del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria. Así pasan la noche medio centenar de inmigrantes, que de jueves a viernes se agolpan a las puertas de las dependencias judiciales capitalinas para solicitar la nacionalidad española. La situación es tan caótica que han proliferado pequeñas mafias entre la Estación de Guaguas y la trasera de Rafael Cabrera, las cuales venden a 50 euros los números expedidos para tramitar las solicitudes.

"Esto es tercermundista, cualquier día va a pasar algo", se quejaban ayer abogados, los propios afectados y hasta los vecinos de la zona, molestos por las colas y por la tensión que genera la espera en ese tipo de situaciones, donde siempre hay gente dispuesta a sacar tajada de la desesperación humana.

La reventa de números ha sido detectada por los mismos responsables del Registro, que el pasado 7 de mayo cambiaron el sistema y comenzaron a dar "citas nominativas", según han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias.

Ahora no se dan números para evitar la "picaresca" de la venta, sino citas a nombre del interesado, pero el problema de fondo sigue sin resolverse. Existe una lista con más de 70 personas que han cursado la petición para iniciar la tramitación del expediente, pero ayer sólo fueron atendidas unas 40. Muchas de ellas se pasaron la noche a la intemperie, algunas desplegaron casetas de campaña hasta pasadas las siete de la mañana, y otras llegaron más tarde porque alguien les guardaba el sitio, según sostienen varios testigos presenciales.

En las colas abundan ciudadanos de origen suramericano, algunos de los cuales pertenecen a países con normas muy estrictas para conceder la nacionalidad. Ocurre por ejemplo con Colombia, que exige un documento de antecedentes penales que caduca al mes. De ahí las quejas de estos inmigrantes, pues es muy probable que tengan que volver a solicitar dicho certificado a su consulado.

La prueba de que el sistema no funciona está en las acampadas delante del Registro y en la venta clandestina de los números, que fue detectada hace escasas semanas. En concreto se repartían 30 pases, pero alguien se hacía con la mayoría de ellos y luego los vendía por 50 euros en las inmediaciones de una gasolinera cercana al edificio judicial.

La Consejería de Presidencia y Justicia aseguró ayer que las citas concedidas para tramitar los expedientes de nacionalidad obedecen a un "criterio organizativo" del Registro Civil. Por el momento no hay previsto ningún cambio. En líneas generales, los responsables del Registro consideran el sistema de la cita semanal "más ágil" que el anterior. Antes se "tardaba hasta un año" para emplazar a los solicitantes y recabar la documentación, que luego debe ser ratificada por el departamento correspondiente en Madrid.