La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el incidente de nulidad planteado por Aquagest, SA contra la sentencia que avala la privatización parcial de la compañía del agua, Emalsa.
La sentencia, dictada el 13 de abril pasado, declara legal el concurso de 1993 promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para adjudicar los dos tercios del capital social de la compañía. Sin embargo, en 2008, la misma Sala se pronunció en sentido contrario, pues concedió el contrato a Aquagest tras anular la operación de compraventa ganada por las empresas Unelco-Saur. Después ambas presentaron con éxito un incidente de nulidad.
La misma fórmula jurídica ha empleado ahora Aquagest para tratar de tumbar la sentencia. Entre otras causas, invocó el principio "intangibilidad de las resoluciones judiciales", ya que la composición de la Sala varió entre las dos sentencias para arrojar un resultado opuesto, sin que se notificara a las partes. Aquagest estudia recurrir al Tribunal Constitucional, según fuentes de la empresa.
El ponente del auto que desestima esos argumentos, Francisco Gómez Cáceres, admite "la irregularidad", pero concluye que no hay indefensión porque el cambio afectó a un magistrado y no al ponente, que es el propio Cáceres, también presidente de la Sala. Y añade que tampoco se "recusó" al nuevo juez.
