La presunta banda de narcotraficantes acusados de introducir cocaína en Canarias descubrió ayer en la última jornada de su juicio cómo el fiscal rebajaba la pena inicial de 81 años a 54 por la reforma del código penal del pasado 2010. Es decir, para cada uno de los acusados solicitó nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud en lugar de los 13,6 iniciales.
En sus alegaciones finales, los cuatro abogados presentes en la causa, Marcos García Montes, Miguel Ángel Pérez Diepa, Pedro Sánchez Limiñana y José Gerardo Ruiz, resaltaron la vulneración de los derechos constitucionales de los procesados, puesto que, en el inicio de las intervenciones telefónicas, no se cumplieron las condiciones jurídicas para solicitarlas: la necesaria motivación, proporcionalidad de la medida y su uso en una investigación como un método excepcional y no como uno normal, "tanto cuando se dictó el auto inicial como en los subsiguientes", coincidieron los letrados.
Asimismo, recogen que tampoco hubo un control judicial. "Se pinchaban teléfonos a diestro y siniestro sin pedir a la operadora los datos de quién era la persona a la que se estaba escuchando", expuso Pérez Diepa; y lo mismo sucedía cuando se solicitaban "prórrogas, que se hacían de manera indiscriminada sin motivar la petición". A juicio del letrado, la investigación presenta "un panorama desolador e inadmisible".
En este sentido, los letrados observaron graves deficiencias en la investigación y, como expuso García Montes, "todo se focaliza en las escuchas y no se relaciona ninguna de ellas con operaciones policiales concretas". Así, calificó el procedimiento como: "El triunfalismo policial más grande que hemos visto y el fracaso policial más grande que hemos visto".
Por estos motivos y otros varios, los letrados pidieron la desestimación de las escuchas y la sentencia absolutoria para cada uno de los acusados. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
