Los autónomos del taxi amenazan con demandar por daños a Cardona

La Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc) ha amenazado al alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, con presentar una demanda por los daños causados si éste no archiva en el plazo de diez días los expedientes sancionadores que ha abierto a un total de 192 taxistas.

La Atltac, que preside el denunciante de los floteros Expedito Suárez, ha acusado al Ayuntamiento de meter en el mismo saco a los titulares que han arrendado ilegalmente sus licencias a terceros y a los autónomos que desarrollan su actividad legalmente. La asociación tiene noticias de que al menos ocho autonómos han sido amenazados por el Ayuntamiento con revocarles la licencia e imponerle una multa de hasta 6.000 euros.

A través de un comunicado, la Atlatc ha instado a los autónomos expedientados a que envíen una carta al Ayuntamiento con la documentación necesaria (fe de vida laboral) que acredite que sus licencias "han estado y están siendo administradas personalmente y con dedicación exclusiva".

La asociación sugiere a los autónomos que acompañen la documentación con un escrito, redactado por los servicios jurídicos de la Atlatc, en el que se da un plazo de diez días al Ayuntamiento, para que cierre el expediente sancionador.

Demanda

"Si pasado ese tiempo", añade el comunicado, "no recibe contestación alguna procederemos a demandar al Ayuntamiento por los daños ocasionados, ya que se le ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia". La Atlatc pide a los autónomos afectados que se pongan en contacto con la asociación para asesorarles sobre el asunto.

Expedito Suárez, que ha responsabilizado al Ayuntamiento de la existencia de floteros, por su pasividad ante las irregularidades que se han cometido en los últimos años por viudas y jubilados, que han arrendado irregularmente sus taxis a terceros. Por esa razón, no entiende ahora porqué el Ayuntamiento no espera a que el Juzgado de Instrucción número ocho concluya la investigación, en la que están imputados siete floteros por fraude fiscal, para saber con exactitud cuales de las 192 licencias de taxis que figuran en los datos de la Unidad de Vigilancia Aduanera (la información en la que se ha basado el Ayuntamiento) han sido cedidas irregularmente.