El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de la capital grancanaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que en 2002 denegó la imposibilidad de ejecutar el derribo de la Biblioteca Pública del Estado. Un inmueble cuya construcción recurrió la Comunidad de Propietarios del Edificio de San Telmo. En síntesis, el Supremo obliga a derribar la biblioteca, en una resolución que tampoco ha sido pacífica: dos de los magistrados han expresado su voto particular. Los vecinos ganan así un largo pleito, que se ha prolongado durante más de una década, y que sólo podría continuar en otro orden jurisdiccional: el Tribunal Constitucional. El Ayuntamiento valora la posibilidad de presentar un recurso de amparo, y tratar de parar la ejecución de la sentencia.
El Supremo recalca en su fallo que "ninguna razón existe para excluir de la demolición una obra cuya licencia fue jurisdiccionalmente declarada ilegal por el hecho de que el uso asignado a dicha edificación ilegal sea albergar un archivo, museo o biblioteca de titularidad estatal".
El Tribunal Supremo exige el derribo al Ayuntamiento por haber vulnerado la legalidad urbanística, haber eliminado las zonas verdes previstas en la zona y crear una pantalla que impide ver el mar.
El voto particular suscrito por dos de los cinco magistrados que componen la Sala, que son partidarios de declarar no ejecutable esa sentencia de derribo y de fijar una indemnización que compense a la comunidad de vecinos del edificio San Telmo (los que denunciaron el caso, al ver como se levantaba delante de sus ventanas un edificio que les tapaba la vista al mar) por los daños que han sufrido en este asunto.
