Un médico del Servicio Canario de Salud (SCS) será juzgado el próximo lunes en la Audiencia de Las Palmas por recetar Trankimazin, Rubifen y Rohypnol a mansalva, sin que los psicotrópicos prescritos a los pacientes respondieran a una "exclusiva finalidad terapéutica", sostiene la Fiscalía de Las Palmas en su escrito de conclusiones provisionales. Se trata de derivados de las benzodiazepinas que tienen un efecto hipnótico muy elevado y están sujetos a estrictos controles por parte de la administración.
Los hechos ocurrieron entre enero de 2013 y febrero de 2014, cuando Juan Antonio Medina Vargas trabajaba como médico en el Centro de Salud de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Según la acusación formulada por el ministerio público, Juan Medina emitió 1.900 recetas de medicamentos con talonarios asignados a otros facultativos, incluso llegó a usar el sello profesional de otra compañera sin informarla previamente de sus intenciones ni recabar su consentimiento.
Entre los pacientes a los que el facultativo pautaba los psicotrópicos se encontraban vecinos de la capital grancanaria que no estaban asignados a su cupo médico o que pertenecían a otros centros de salud distintos al de Guanarteme. De los medicamentos prescritos fraudulentamente destacan 50 comprimidos de Trankimazin en dosis de dos miligramos, 30 comprimidos de Rubifen de 20 miligramos y otros 20 comprimidos de Rohypnol en la misma cantidad.
La Fiscalía de Las Palmas sostiene que Juan Antonio Medina usaba los talonarios y el sello profesional de otra doctora del Centro de Salud de Guanarteme para "eludir" los controles administrativos establecidos por el Servicio Canario de la Salud a la hora de prescribir psicotrópicos. Por todo ello acusa al médico de un delito continuado de falsificación de documento público.
Medina se enfrenta a una pena de seis años de cárcel, otros seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de médico y una multa de 8.640 euros (24 meses a razón de 12 euros diarios), según la calificación jurídica hecha por el ministerio público en su escrito de acusación.
Tanto la Fiscalía de Las Palmas como el Servicio Canario de Salud reclaman una indemnización de 12.000 euros, cantidad que supuestamente se corresponde con el quebranto causado a las arcas públicas por los excesos del facultativo al recetar los medicamentos.
La vista oral está previsto que comience el día 12 a las 11.30 horas en la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas. Los hechos fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, con el magistrado Alberto Puebla al frente del procedimiento penal.
El delito de falsificación de documento público que el juez instructor y el fiscal atribuyen al médico está regulado en el artículo 390 del Código Penal, concretamente en los apartados 1.3 y 1.4, que castigan a las autoridades o funcionarios públicos por falsear sus actuaciones, en este caso por coger supuestamente el talonario de recetas de otros galenos y rellenarlos con un relato de los hechos que no se ajusta a la realidad, según la tesis de la Fiscalía de Las Palmas, que será rebatida por la defensa en la vista oral. Están citados como testigos varios médicos y pacientes del acusado.
