La interventora municipal mantiene bloqueado, desde mitad del año pasado, el pago de las facturas que la empresa mixta Emalsa pasa mensualmente al Ayuntamiento de la capital grancanaria por los trabajos de mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado. El concejal delegado de Alumbrado y Aguas, Roberto Santana, confirmó ayer que las facturas no se pagan desde hace nueve meses, una circunstancia que atribuyó a una serie de reparos impuestos por la alta funcionaria, aunque no aclaró las razones de dichas objeciones. Santana se limitó a explicar que la interventora ha realizado "una interpretación del contrato que puede afectar al pago de los recibos y por eso no se ha fiscalizado ningún factura más hasta el presente, desde mitad de 2016".
El responsable de Aguas restó importancia a las trabas del alto órgano fiscalizador y resaltó que se trata de un "un informe de reparos, como hay cientos en otras cuestiones que se llevan a la intervención. El servicio técnico de Aguas los está resolviendo para poder pagar las facturas". Negó que los reparos tengan que ver con la falta de justificación de los trabajos realizados, lo que llevó al anterior alcalde Juan José Cardona y al jefe de servicios de Aguas a bloquear el pago de las facturas. Hay que recordar que una sentencia -que el gobierno Tripartito renunció a recurrir pese a que no era firme- obligó en enero del año pasado al Ayuntamiento a pagar a Emalsa 6,6 millones de euros correspondientes a las facturas de saneamiento entre enero de 2013 y abril de 2014. Sin embargo, el gobierno de Augusto Hidalgo abonó a Emalsa un total de 14,48 millones, más del doble de lo que estableció la juez, al incluir en la factura las mensualidades sin pagar entre abril de 2014 y diciembre de 2015. Santana aseguró que esos 14,4 millones -cuyo pago ha sido llevado a la Fiscalía por Ciudadanos- fueron tramitados y fiscalizados por la intervención y pagados a través de una modificación de crédito.
Al pago de esas facturas y a los incumplimientos detectados en la ejecución del servicio de saneamiento hace también referencia el amplio informe realizado por el comité técnico asesor creado por el gobierno Tripartito, que ratifica buena parte de las irregularidades detectadas durante la extinta intervención administrativa y plantea la necesidad de establecer medidas de control sobre los servicios y la gestión económica-financiera de Emalsa. El informe rechaza de manera rotunda las propuestas de la consultora KPMG sobre la subida de tarifas y el nuevo contrato-programa de saneamiento.
Santana indicó al respecto que aunque hay aspectos del informe que "requieren un análisis más amplio, presenta varias recomendaciones" que ya se están llevando a la práctica, como el refuerzo del servicio técnico "para controlar más la gestión de Emalsa. Lo más importante ahora es disponer de más recursos para ejercer un control más efectivo sobre Emalsa. Muchas veces nos vemos limitados, porque no tenemos capacidad. Siempre hemos entendido que si no controlamos Emalsa, no tenemos capacidad para tomar decisiones".
También se está trabajando, aseguró, en la elaboración del reglamento de vertidos a la red de saneamiento por parte de ciudadanos y empresas y su correspondiente régimen sancionador. Lo que sí ve difícil es la elaboración de un procedimiento sancionador que regule los incumplimientos de Emalsa, que proponen los técnicos Benito Cabrera y Miguel Padrón, los dos autores del informe, que además plantean la necesidad de elaborar reglamentos que regulen los servicios de abastecimiento, saneamiento, depuración y vertidos.
A juicio del concejal, "establecer un régimen sancionador, conllevaría una modificación del contrato de 1993 y los juristas no lo ven claro. Hay que analizarlo muy detenidamente". También rechazó la remunicipalización de Emalsa -ni siquiera la del servicio de saneamiento que se llegan a plantear los técnicos- y le preguntó a Juan José Cardona por qué no rescató la compañía "en el mandato anterior si consideraba que había una perturbación grave del servicio. Hace un año pidió lo mismo y la junta de gobierno encargó un informe que considera que no se puede rescatar un servicio si no hay una perturbación grave de la gestión de la concesionaria. Eso no se ha podido demostrar en ningún momento y, por tanto, no hay motivo para ese rescate". Aclaró que el informe fue encargado por el gobierno Tripartito para que "analizara y definiera el documento que encargó Emalsa a la consultora KPMG, así como para elevar propuestas de acuerdo a los representantes municipales en el consejo de administración". Preguntado por qué se ha ocultado a los ciudadanos dicho informe, que fue entregado hace cinco meses, respondió que "se trata de un documento de carácter interno. Todos los miembros del consejo de administración lo conocen".
