El servicio municipal de Limpieza ha dejado colgadas a alrededor de 160 personas, entre ellas antiguos empleados del área, que fueron llamados para trabajar como limpiadores entre el próximo 1 de marzo y el 31 de diciembre. Algunos, como Cristina Pazos, dejaron incluso el empleo precario en el que trabajaba para incorporarse al Ayuntamiento, pero hace unos días volvieron a llamar para decirles que se olvidaran del contrato. "Al firmar la baja voluntaria en mi trabajo, no tengo derecho a paro. ¿Y Ahora qué hago yo?", le preguntaba Pazos a la concejala de Sostenibilidad y Limpieza, Pilar Álvarez, al final del pleno ordinario celebrado ayer, en el que el problema fue planteado por los partidos de la oposición y por los propios trabajadores que, desde la zona del público, mostraban su indignación por lo ocurrido y exigían la dimisión de la edil.
El alcalde Augusto Hidalgo aseguró que se buscará una solución para enmendar el error, aunque no aclaró si se contratará finalmente a estas personas. Al igual que Hidalgo, Pilar Álvarez se reunió con los afectados, a los que indicó -como hizo hace dos años con los 240 trabajadores temporales despedidos- que sus contrataciones no se ajustan a la legalidad.
Después de la reunión, la edila confirmó que a los afectados se les llamó desde el servicio de Limpieza y añadió que se ha "abierto un expediente informativo para averiguar lo que pasó".
"Estamos trabajando", añadió, "para solucionar el problema generado a las personas afectadas. Expreso mi más sinceras disculpas y asumo mi responsabilidad. Desde que llegué, he hecho todo lo posible para que el acceso al empleo público sea en condiciones de publicidad, igualdad, mérito y capacidad", algo que hasta la fecha no se ha conseguido. Desmintió que el recién incorporado gerente de Limpieza, Agustín Villalba, haya dimitido o sido destituido, como aseguró la concejala de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, cuando intervino en el pleno para exigir una solución al problema. Más crítico se mostró, también en el turno de ruegos, el viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, quien consideró que lo ocurrido forma parte de la "caótica política de contratación" que ha generado Álvarez, "cuando nos vendió la moto de que se iban a crear bolsas de empleo. Ya dijimos entonces que era una tomadura de pelo y lo que ha pasado es mucho más grave. Y hay que darles solución porque hay familias detrás".
"Durante muchos días estuvieron llamando por indicación expresa de la gerencia a personas y algunos dejaron los pequeños trabajos que tenían y de repente, se cambian los criterios y se vuelve a llamar a esas personas para decir que no van a ser contratados con todo tipo de argumentos y excusas, como que se estaban actualizando los datos", criticó Sabroso. Algunos recibieron incluso un correo para hacerse una revisión médica.
Cementerios
Por otro lado, el presupuesto de 2018 fue aprobado de manera definitiva, con los únicos votos del grupo de gobierno, tras rechazar las alegaciones presentadas, una de ellas por Canaricem, la empresa que gestiona los cementerios, en la que reclamaba la inclusión en las cuentas de 1,3 millones para el pago de la tasa de mantenimiento de cementerios de 2012. El coordinador general de Economía y Hacienda, David Gómez, indicó que el Ayuntamiento ha recurrido al Supremo la sentencia favorable a Canaricem del TSJC y, por tanto, no hay ninguna obligación de incluir el dinero en el presupuesto.
El Ayuntamiento ha tenido que pagar hasta ahora a Canaricem un total de 5,67 millones por la tasa de cementerios de 2007, 2008, 2010 y 2011 y queda pendiente el pago de 2009, que se está tramitando. La tasa de cementerios fue suspendida en 2007, durante el mandato de Jerónimo Saavedra, a iniciativa de la exconcejala Nardy Barrios, que consideró injusto cobrarle a los ciudadanos por el tributo, creado por el PP. Sin embargo, la tasa se suspendió antes de ser anulada la ordenanza que la contempla, por lo que Canaricem recurrió y ha ido ganando los pleitos. La ordenanza se suspendió finalmente en 2011, pero Canaricem ha seguido recurriendo la eliminación de la tasa, argumentando que ello le provoca un desequilibrio económico. El Tripartito intenta bloquear este desembolso exigiendo a la empresa que presente las cuentas del dinero gastado en el mantenimiento de los cementerios municipales.
También se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones de 2018, que contempla ayudas por 21,1 millones para iniciativas sociales, educativas y culturales. La corporación aprobó también, con la abstención del PP, una propuesta del Tripartito, en la que se muestra el apoyo del Ayuntamiento a las reivindicaciones de la huelga feminista del 8 de marzo, convocada a nivel mundial.
