El nuevo Plan Especial de Protección de Vegueta y Triana, cuya aprobación definitiva está prevista para el pleno de este mes, desprotege el palacete de San Bernardo, en cumplimiento de una sentencia judicial firme emitida en 2016 que anula la catalogación del inmueble, lo que permite a sus dueños demoler el inmueble en el caso de que así lo decidieran. La eliminación de la protección permite a los propietarios construir hasta siete plantas en la parte del inmueble que da a la calle Primero de Mayo (la altura permitida en esta calle) y hasta tres plantas por la calle Juan de Padilla. El inmueble se encuentra en venta desde 2013, cuando el edificio se quedó vacío, tras dejar de ser la sede del Diputado del Común, pero la elevada protección del edificio, calificado como Monumento Histórico-Artístico y un uso asociado a la actividad de administración pública -el que tenía cuando fue incluido en el antiguo Pepri- , ha dificultado su venta o alquiler. El nuevo plan especial permite ahora el uso residencial y de hotel. El edificio, de estilo neoclásico a imitación de otro anterior que fue derribado, tiene fachadas a San Bernardo, 27; Primero de Mayo, 28 y Juan de Padilla, 15.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró que hasta la fecha no se ha solicitado ninguna licencia para derribar el inmueble, aunque reconoció que "la sentencia permite tirarlo". Sí se han presentado en el servicio de Urbanismo varios proyectos para construir un nuevo edificio detrás del actual de siete y tres plantas, pero no aclaró si las solicitudes de licencia han sido presentadas por los dueños o por parte de un futuro comprador interesado en saber qué es lo que se puede hacer en el inmueble antes de comprarlo. Todos los proyectos presentados protegen el edificio actual, según el edil y construyen un edificio de viviendas alrededor con siete plantas hacia Primero de Mayo y tres hacia Juan de Padilla.
Doreste insistió en que no es el Ayuntamiento el que desprotege el edificio, sino una sentencia, que estima la demanda de los dueños y rechaza un recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la descatalogación del inmueble.
La protección del inmueble, que fue la primera sede de la presidencia del Gobierno canario en la capital grancanaria, donde estuvo entre 1978 y 2012, fue anulada el 25 de julio de 2016 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras darle la razón a los propietarios, la familia Díaz de Lezcano y Muxica, al considerar que el edificio, que fue construido a principios de los años 50 del siglo pasado, carece de valores arquitectónicos e históricos que justifiquen su catalogación. La Sala ordenó al Ayuntamiento el 1 de septiembre de 2017 la ejecución forzosa de la sentencia mediante la exclusión del edificio del el Catálogo de Protección Arquitectónica Municipal, algo que ahora queda plasmado en el nuevo plan especial, en el que se asume la descatalogación y la descalificación como Administración Pública.
El Partido Popular (PP) propuso, en la comisión de pleno de Desarrollo Urbanístico del pasado martes, constituir un grupo de trabajo con el Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria para intentar comprar el edificio y garantizar su conservación. Javier Doreste planteó al respecto que el Ayuntamiento no tiene dinero para comprar el inmueble y consideró que hay otras necesidades más urgentes como la terminación de la reposición de las casas baratas de Tamaraceite que aún quedan pendientes.
