El Consejo Consultivo de Canarias suspende al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la conservación y el cuidado del espacio público, en particular de las calles, que es donde se concentran la mayoría de las reclamaciones por daños realizadas por los ciudadanos, según los últimos diez dictámenes emitidos por el órgano consultivo.
De esa decena de informes, seis son favorables a los denunciantes, dos a los servicios jurídicos municipales y otros dos han quedado a expensas de nueva documentación, aunque con el perjuicio acreditado y sólo pendientes de concretarse la responsabilidad de la administración o de la empresa que ha prestado el servicio defectuoso en la vía pública.
Los dictámenes están emitidos entre los meses de mayo y julio de este año, tras cursar el Ayuntamiento la consulta de rigor previa reclamación ciudadana, un trámite al que están obligadas las administraciones públicas canarias si la cantidad solicitada es igual o superior a los 6.000 euros. Así lo establece la Ley del Consejo Consultivo de Canarias para proteger a los perjudicados por el mal funcionamiento de los servicios.
Indemnizaciones
Entre estos diez expedientes destaca el de un vecino al que el Ayuntamiento debe pintarle el coche. ¿El motivo? La empresa contratada para el mantenimiento de las señales de tráfico llenó el vehículo de salpicaduras, todo pese a las advertencias del afectado a los operarios, que siguieron dándole a la pistola a presión hasta la llegada de la Policía Local. Aquí la Corporación sólo discute el importe de la reparación del coche, que el Consejo Consultivo ha fijado en 6.500 euros.
Más grave es la caída de una vecina por culpa de una "ranura" entre una alcantarilla y el bordillo de una acera. La mujer se quedó "enterrada hasta la ingle" porque el agujero estaba cubierto de hojas y no vio el desperfecto en la calzada. El Consistorio se niega a pagar porque el incidente ocurre a plena luz del día y la perjudicada, además, conocía la zona y cruzaba por un espacio no habilitado. Esos argumentos los rechaza el Consejo Consultivo, pues no había pasos de peatones cercanos y los hechos están acreditados por otra testigo, incluidas las hojas que impedían percibir la grieta en la carretera. El órgano autónomo recomienda 15.000 euros de indemnización por los daños ocasionados.
Algo similar ocurre con un hombre que se tropezó a la altura de un parque infantil por el mal estado de una acera. Reclama 42.000 euros por las lesiones en una de sus rodillas y por una baja laboral de 371 días. En este incidente el Consejo Consultivo reparte la responsabilidad a partes iguales entre el denunciante y el Ayuntamiento capitalino.
Otra residente demanda 34.588 euros por meter el pie en un socavón cuando se disponía a coger la guagua. Sufrió diversas contusiones, con especial incidencia en el hombro izquierdo, la rotura de sus gafas y diversas secuelas. En total estuvo 362 días de baja. Aquí Vías y Obras detectó en diciembre de 2015 la falta de la baldosa, pero la transeúnte se cayó el 16 febrero de 2016. El Ayuntamiento, que arregló el desperfecto siete días después, tampoco quiere abonar la indemnización, pero la falta de diligencia en el mantenimiento de la acera es clara.
Una ladera en mal estado, con varias reparaciones en su historial, también es motivo de reproche por el órgano consultivo, que se muestra partidario de resarcir con 9.500 euros al dueño de un coche debido a los desperfectos causados por el desprendimiento de unas piedras.
Los daños por las filtraciones de agua en una vivienda, tras varias roturas en la red de abastecimiento, es otro de los puntos negros en el mantenimiento de las infraestructuras. Los desperfectos a reparar ascienden a 6.000 euros.
El Consejo Consultivo recomienda al Ayuntamiento que revise otros dos casos por la falta de informes de las concesionarias de los servicios. Se trata de una mujer que reclama 20.000 euros por un resbalón en un paso de peatones con socavones, y de un motorista que solicita 28.000 euros por un accidente. El conductor se la moto se cayó en la Avenida de Mesa y López por culpa del aceite procedente de unos contenedores de basura, según consta en el atestado policial. Los agentes certifican que había aceite en la carretera y que podría proceder de los contenedores.
