La decisión del gobierno de Guinea Ecuatorial de suspender unas jornadas en Malabo para dar a conocer los servicios del Puerto de La Luz, a raíz de una información publicada en LAPROVINCIA/Diario de Las Palmas, vuelve a poner sobre la mesa los cuestionados negocios de la familia del presidente Teodoro Obiang y su conexión con la capital grancanaria . El nexo con la ciudad viene a través de los supuestos testaferros del gobernante, los Kokorev, a los que investiga desde hace nueve años la Justicia canaria por lavado de 26 millones de dólares procedentes de Guinea Ecuatorial, un delito al que se han añadido hace algo más de un año los de fraude fiscal y tráfico de armas. La instrucción está pendiente de la evaluación de varios informes periciales realizados por la Policía Nacional y la declaración de un testigo.
Desde Malabo no se ha emitido ningún comunicado que aclare las causas de tan inesperada suspensión del evento, pero una persona que se negó a identificarse, llamó el pasado viernes a un redactor de este periódico para recriminarle, en tono amenazante, que su información acerca de las jornadas iba a provocar su cancelación.
El tremendo pecado cometido por el periodista, según le reprochó el hombre anónimo al otro lado del teléfono, consistió en recordar que Obiang accedió al poder en 1979 a través de un golpe de estado.
Tampoco le había gustado al defensor del régimen de Malabo otro dato incontestable incluido en el anuncio de las jornadas: el gobernante guineano ganó las últimas elecciones en 2016, con "el 98% de los votos, en unos comicios cuestionados por la comunidad internacional".
El hombre que llamó al periódico en ningún momento se identificó, pese a las reiteradas peticiones del redactor, al que acusó de haber llamado dictador a Obiang, aunque en el texto nunca se utilizó esa palabra. La voz anónima reprendió al periodista por "estar mezclando política y negocios", una circunstancia que según sus palabras le iba a suponer al periódico la pérdida de 600.000 euros (sic) en publicidad.
Las jornadas canceladas, previstas inicialmente para hoy, habían sido organizadas por la Fundación Puertos de Las Palmas, una entidad de carácter público, y tenían como objetivo dar a conocer a los empresarios guineanos las excelencias de los servicios que ofrecen en materia de formación las empresas portuarias radicadas en La Luz. La delegación canaria estaba compuesta por Elba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias; Ida Stier, responsable del grupo Stier; y José Abellán, director de la empresa Prodevelop, de herramientas de información geográfica aplicadas al sector portuario.
El hilo que une a Teodoro Obiang -que lleva 39 años en el poder tras derrocar y ejecutar a su tío Francisco Macías- con la capital grancanaria está relacionado con la búsqueda del rastro de 26 millones de dólares de procedencia ilícita, que investiga desde hace ya nueve años la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5, Ana Isabel de Vega, y el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río. La instrucción pende ahora del estudio de varias periciales de la Policía y de la remisión de varios documentos solicitados al extranjero. También está pendiente la declaración de un testigo, señalan fuentes del proceso, que justifican la demora de la investigación porque se trata de una causa "inmensa" y compleja.
En octubre de 2009 se inició la investigación al matrimonio hispano-ruso, compuesto por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva y al hijo de ambos, Igor, radicado en la Isla, como testaferros de Obiang. El matrimonio fue detenido en Panamá en 2015, tras una orden de busca y captura, y extraditado a España. Ese mismo año fue detenido el abogado canario Juan Arencibia. El matrimonio estuvo en prisión hasta octubre de 2017, cuando fueron liberados con cargos, que tanto ellos como Arencibia han negado.
Los investigadores creen que los Kokorev invirtieron 26 millones, entre 2005 y 2012, en la compra de propiedades en Gran Canaria, Lanzarote, Madrid y otras ciudades. Ese dinero procede, según el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), del saqueo de los recursos públicos de Guinea, como el petróleo, y del tráfico de armas. Los Kokorev crearon un entramado de varias empresas, entre ellas Kalunga Company, que fue la que originó la querella de la asociación Pro Derechos Humanos presentada en 2008, la que impulsó la investigación judicial. La asociación se basó en un informe del Senado de Estados Unidos que alertaba de una veintena de transferencias millonarias y sospechosas de la llamada Cuenta del Petróleo de Guinea Ecuatorial entre la Banca Riggs y una sucursal del Banco de Santander en Las Palmas. Obiang es propietario de al menos dos inmuebles en la capital, una vivienda en la calle Dolores de la Rocha, y un garaje en la calle Eufemiano Jurado. Aunque nunca estuvo en Las Palmas de Gran Canaria, parte de la familia del presidente ha estado relacionada con la ciudad. Una de sus esposas oficiales, Celestina Lima, vivió en la capital en un piso de Divina Pastora, y dos de sus hijos estudiaron en el Jaime Balmes.
Justo el mismo año que la Justicia canaria inició la investigación contra los testaferros de Obiang, el exministro José Manuel Soria encabezó una delegación a Malabo con una treintena de empresarios para impulsar los negocios con Guinea. "En Guinea Ecuatorial está El Dorado", diría el entonces vicepresidente del Gobierno canario y ahora exlíder del Partido Popular, que resaltaba que la mayor parte del petróleo que llega a Canarias viene de ese país africano. La visita fue criticada entonces por los socialistas, que denunciaron el doble rasero de Soria, al distinguir entre dictadores "buenos y malos".
