Las trampas o apaños para reducir gastos en la factura de la luz continúan a la orden del día, también en Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, esta práctica tan común como peligrosa se ha visto reducida en la capital según los datos registrados por Endesa. Y es que la compañía contabilizó el año pasado 327 casos de fraudes eléctricos, lo que supone 510 menos que en 2016, cuando se alcanzó el pico más alto del último lustro. En cambio, el número de kilovatios por hora (kWh) estafados en 2018 se incrementó en más de un millón con respecto al ejercicio anterior, en el que se defraudaron casi dos millones de kWh.
Desde Endesa aseguran que en el conjunto de los territorios en los que opera como compañía distribuidora de energía, durante 2018 cuatro de cada diez inspecciones realizadas concluyeron con la detección de fraudes. De ellos, un 48% fueron enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato, mientras que el resto se produjo por otras situaciones como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida (contadores).
Tan solo en Canarias, la empresa puso al descubierto un total de 2.234 casos de fraude eléctrico, que se tradujeron en más de 22 millones de kWh consumidos de forma irregular mediante el uso de métodos antirreglamentarios. Estos son dos millones más que en 2017, cuando se produjeron 147 casos menos. A pesar de ello, esta cifra dista mucho de la que se alcanzó en 2016, cuando en todo el Archipiélago se tuvo constancia de 5.132 casos que supusieron más de 62 millones de kilovatios por hora defraudados.
Bastante menos fue en la capital grancanaria donde, aún así, Endesa registró más de nueve millones de kWh consumidos de forma ilegal hace tres años. Esto se redujo a un tercio en 2018, con 327 casos de fraude eléctrico detectados. Una disminución significativa, si bien a pesar de ello ha habido un ligero repunte con respecto a 2017 cuando hubo más casos, un total de 332, pero se defraudó casi un millón menos de energía eléctrica en la ciudad.
No obstante y a pesar de las cifras, la compañía alerta de que este tipo de prácticas suponen un riesgo superior para la vida de las personas que para el bolsillo. Realizar modificaciones de las instalaciones sin autorización o personal homologado supone que se alteren las condiciones electrotécnicas reglamentarias poniendo en peligro tanto a los que las manipulan, como a los usuarios y al personal que tiene que realizar las inspecciones. Y es que este tipo de acciones se han traducido en numerosas descargas eléctricas o incendios en los últimos años, según denuncian y advierten desde la empresa. Asimismo, desde Endesa explican que, en términos económicos, este tipo de fraudes eléctricos repercuten en todos los clientes del suministro ya que las pérdidas derivadas del este tipo de consumo las pagan el resto usuarios en la factura.
Del mismo modo, la compañía asevera que, lejos de lo que se suele pensar, los fraudes no los cometen mayoritariamente personas en situación de pobreza, puesto que en la actualidad existen mecanismos para cubrir la pobreza energética a través del Bono Social. Más bien son principalmente clientes con grandes consumos, que pueden ser tanto empresas como particulares, y que manipulan sus instalaciones para ahorrarse dinero en la factura.
Además, la compañía asevera haber dado con manipulaciones cada vez "más sofisticadas" y que son más difíciles de detectar a simple vista, aunque "más complicadas de ocultar a las nuevas herramientas de Big Data que están implementando las empresas eléctricas", como es el propio caso de Endesa.
En cualquier caso, de ser descubierto algún tipo de fraude eléctrico, se producirá el corte inmediato del suministro, tal y como advierten desde la compañía. Asimismo, se procederá a interponer una denuncia al infractor o infractora que conllevarán responsabilidad penal si, además, tiene lugar algún tipo de accidente como pueden ser cortocircuitos, incendios o electrocuciones.
