El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha abierto un expediente sancionador, que contempla una primera multa de 22.500 euros, a la empresa Endesa por incumplir la resolución municipal que le obliga a cerrar la subestación eléctrica de La Cícer. Varias sentencias judiciales, entre ellas la primera dictada con carácter firme en 2015, han ordenado de manera reiterada el traslado de la estación, al considerar que la instalación carece de licencia y es ilegalizable. Desde entonces, la compañía ha esquivado el cumplimiento de los diferentes fallos judiciales, que le dan la razón al Ayuntamiento y a los vecinos, y se ha negado a trasladar la planta.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, explicó ayer que el gobierno municipal ha optado por sancionar a la empresa eléctrica, ante su negativa a realizar un plan de cierre e iniciar el traslado de la instalación a las parcelas alternativas que le ha ofrecido el Ayuntamiento, en Las Torres y en La Minilla. "La empresa ha cerrado la puerta a cualquier vía de diálogo con el Ayuntamiento y su actitud es de chantaje a la ciudad y de auténticos delincuentes", sostuvo el edil.
El procedimiento contempla la imposición de sucesivas sanciones cada tres meses, con un incremento progresivo de su cuantía, en el caso de que la compañía siga incumpliendo su obligación de presentar un plan de cierre. El expediente incoado por Urbanismo fue aprobado ayer por la junta de gobierno municipal.
Con esta medida se cumple, según el gobierno local, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada el pasado año, que ordenó al Ayuntamiento capitalino el inicio de un procedimiento sancionador contra la empresa de distribución eléctrica.
Javier Doreste recordó que el Consistorio ya dictó una primera resolución municipal en el año 2010, durante el mandato del socialista Jerónimo Saavedra, que ordenaba la paralización y el cese de la actividad del inmueble.
"Estamos limitándonos a hacer que se cumpla la ley, ofreciendo desde hace meses a la empresa diversas alternativas para que traslade sus instalaciones a otro lugar del municipio y podamos recuperar así un espacio para la ciudad y los vecinos del entorno", aseguró.
El área de Urbanismo, además de solicitar a Endesa la elaboración de un plan de cierre para la subestación, le comunicó su intención de colaborar en el traslado del inmueble, pero "la compañía nunca contestó", indicó Doreste.
El Ayuntamiento solicitó en 2016 la desconexión de La Cícer, pero la empresa se negó diciendo que para ello era necesario la inclusión de la nueva subestación eléctrica en el Plan Energético Nacional del Ministerio de Industria. "Lo solicitamos a través del Gobierno canario y se incluyó" en 2018. "Después de eso solicitamos un plan de cierre, pero Endesa sigue negándose y se escuda en que deja sin luz a los vecinos, cosa que es mentira. Nuestro problema es que es necesario un plan de cierre, porque no podemos precintar esa instalación como si fuera un bar. Estamos en la fase de ejecución de sentencia y esto es un claro caso de desobediencia a una resolución judicial".
Las sucesivas sentencias judiciales que se han dictado sobre la ilegalidad de la subestación son el resultado de la batalla que emprendieron los vecinos de la zona a principios de este siglo, a través de la plataforma Recuperar la Cícer, para cerrar la instalación, que comenzó a construirse sin licencia en 1927.
La primera sentencia firme se dictó en 2015, pero la instalación continúa en el mismo lugar. Los vecinos han acusado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento capitalino de ser cómplice de la compañía eléctrica y de alinearse "con los intereses económicos de Endesa, permitiéndole dilatar en el tiempo una situación que es irregular".
El Juzgado de lo Contencioso número 2 volvió a darle la razón en 2018 a la plataforma ciudadana Recuperar la Cícer y obligó al Consistorio a iniciar los trámites para que la empresa eléctrica cesara en su actividad. En concreto, la magistrada solicitaba al Ayuntamiento que ejecutara su propia resolución municipal de 2016, por la que le pidió a Endesa un plan de desconexión de la subestación. Otra sentencia de 2019, en esta ocasión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, volvió a confirmar la ilegalidad de la estación eléctrica, al rechazar un recurso presentado por Endesa.
