Nueva piedra en el camino para el desembarco de Mercadona en el barrio de Alcaravaneras. La Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deniega al Mercado Central la licencia urbanística para reformar su segunda planta con el objetivo de albergar un supermercado. Este servicio, dependiente de la concejalía de Urbanismo, ha tomado la decisión al no haberse celebrado todavía un procedimiento de concurrencia pública para implantar una gran superficie de alimentación en la plaza de abastos. Este es uno de los requisitos que la Asesoría Jurídica del Consistorio impuso a los puesteros en mayo de 2019, cuando emitió un informe "desfavorable" al proyecto.
La cadena de alimentación que dirige Juan Roig lleva dos años intentando implantarse en el Mercado Central, tal y como ya lo ha hecho en otras plazas de abasto en diferentes ciudades de España. Los socios de la cooperativa llegaron a un acuerdo en mayo del 2019 mediante el cual los pocos puestos que permanecían abiertos en la planta alta aceptaron trasladarse a la baja o traspasar el negocio. En julio el Ayuntamiento llegó a dar el visto bueno en Junta de Gobierno, pero, eso sí, con la condición de que el proyecto debería seguir un procedimiento que garantice la concurrencia pública.
Lo cierto es que la reforma y rehabilitación del Mercado Central, cuyo proyecto ha sido diseñado por Jorge Marrero González, inició su andadura burocrática a comienzos del año pasado. La petición de licencia urbanística pasó entonces a tramitar el Estudio de Incidencia Ambiental y en abril de 2019 la Comisión de Interpretación y Seguimiento del Plan General de Ordenación dio su visto bueno a la idea de implantar un supermercado en un inmueble que es de titularidad municipal.
Tras este primer paso, la citada comisión pasaría el proyecto a la Asesoría Jurídica municipal. Este órgano municipal dictaminó de manera negativa, pues el proyecto debería contar con dos requisitos. Por un lado, la autorización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, por otro, un procedimiento que garantice la concurrencia pública. No obstante, el fallo favorable de la Junta de Gobierno del Consistorio capitalino fue dos meses más tarde.
En ese mismo mes de mayo, y en base al citado informe, una técnica de Edificación y Actividades denegó en un primer momento la concesión de licencia a los socios del Mercado "en tanto no hayan cumplido los requisitos expuestos". Ya en septiembre de 2019, la cooperativa presenta sus alegaciones y un proyecto modificado. En base a este último, la técnica del área en discordia volvió a resolver exactamente igual, pues valoró que la propuesta seguía sin reunir las condiciones.
En diciembre los puesteros del Mercado presentaron una nueva solicitud. Pasados unos meses, el 10 de julio de este año una de las técnicas del Servicio de Edificación y Actividades valoró el expediente y la documentación aportada. En base a esta, la funcionaria asegura que "no existe cumplimiento" de las condiciones exigidas por parte de la Asesoría Jurídica del Consistorio en su primer informe de mayo de 2019.
Según refleja el documento, y en base a la legalidad urbanística de las Islas, el interesado, en este caso los socios del Mercado Central, en sus alegaciones tendría que haberse ratificado en el proyecto presentado, desistir con respecto a la solicitud o comprometerse a corregir los reparos o incumplimientos advertidos. El servicio dependiente de Urbanismo resolvió en este caso que no pueden deducir cual de estas opciones eligieron los socios del Mercado. En cambio, afirman que sí pueden deducir que estos siguen sin cumplir los requisitos exigidos por el ya citado informe desfavorable para los puesteros.
En este caso, los técnicos hacen alusión a la solicitud de diciembre, mediante la cual entienden que la superficie a convertir en supermercado todavía no ha salido a concurso. Es más, afirman que los socios exponen que "entendemos que en cualquier procedimiento iniciado por terceros, relativo a la obtención de las oportunas licencias de apertura y funcionamiento, debe exigírsele como condición previa la obtención de la condición de arrendatario".
Lo cierto es que una de las condiciones que el Ayuntamiento puso en su momento para llegar a un acuerdo fue que los socios del Mercado Central tuvieran la titularidad de todos los puestos de la citada planta y eso no se daba hasta hace menos de un año. Urbanismo expone de esta manera que los interesados, en este caso los puesteros, tienen un plazo de dos meses para presentar un recurso en el contencioso administrativo en el juzgado correspondiente.
