El envejecimiento de la población de Las Palmas de Gran Canaria está provocando un incremento de usuarios, que está desbordando el servicio de atención a domicilio. El gobierno municipal lleva este viernes al pleno municipal una modificación de crédito para inyectar algo más de dos millones de euros de los remanentes en el servicio de atención a domicilio para poder hacer frente al incremento de usuarios. El pleno aprobará también un aumento de un millón en las ayudas de emergencia, cuyo crédito inicial está a punto de agotarse ante el crecimiento exponencial de la demanda.
El servicio de ayuda a domicilio atiende en estos momentos a un total de 3.500 personas, en su mayoría mayores, una cifra que supone un 10% de incremento con respecto al número de usuarios que había hace justo un año, a principios de 2020, cuando se cifró en 3.177, un crecimiento en la demanda de atención domiciliaria que no hará más que crecer en los próximos años, tanto en el número de usuarios como en los servicios demandados.
Servicios Sociales ha optado por aumentar la cuantía del contrato en un 20%, el máximo que le permite el pliego de la concesión del servicio, que incluye una cláusula estableciendo dicha posibilidad, dado el previsible aumento de personas mayores de 64 años. El contrato actual, que gestiona la empresa Servisar Servicios Sociales, tiene una cuantía anual de 10,31 millones, una cantidad a la que se añadirán 2.070.802, 70 euros, con lo que la inversión anual para atender a estas personas superará ahora los 12,4 millones.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé un crecimiento de la población mayor de 64 años en un 18,9%
En el pliego del concurso se justifica la posibilidad de incrementar la cuantía del contrato, «a consecuencia del envejecimiento de la población» y se basa para ello en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que prevé un crecimiento de la población mayor de 64 años en un 18,9%».
De hecho, la factura de servicios del primer cuatrimestre de 2021 se ha saldado con un gasto de 4.450.861,81 euros, «por lo que se estima que el gasto total en doce meses podría ascender a 13.352.585,43 euros», según señalan los técnicos en el expediente de la modificación de crédito. Esta cantidad supone casi el doble de los 7,5 millones anuales que se destinaban al servicio en 2010, año en el que se registraron 2.100 usuarios.
El departamento que dirige la concejala Carmen Luz Vargas advierte que «este gasto no puede demorarse para el siguiente ejercicio económico», ya que ello supondría la interrupción del servicio, algo que deber evitarse por «tratarse de una prestación que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales o rehabilitadoras a personas y/o familias con dificultades para permanecer en su medio habitual y que por la realidad en la que se encuentran, requieren de atención especializada en el domicilio». Esta atención domiciliaria, subraya, es importante porque contribuye a retrasar o minimizar «cambios en su vida cotidiana que les afecten negativamente», eludiendo además el ingreso en un centro residencial. El servicio no tiene lista de espera.
Ayudas de emergencia
El gobierno municipal echará mano de los remanentes para inyectar otro millón de euros en la partida de ayudas de emergencia social, cuya demanda se ha disparado a consecuencia de los efectos de la pandemia. En concreto, el servicio presupuestó para este año una partida 4,53 millones para ayudas de emergencia, que muy pronto se volvió insuficiente ante el crecimiento exponencial de la demanda, según reconocen los propios técnicos en el expediente en el que se solicita el incremento. «Debido a las medidas excepcionales adoptadas ante la situación de extraordinaria vulnerabilidad social, derivada de la crisis provocada por el covid-19, se hace preciso continuar apoyando a los ciudadanos del municipio en situación de mayor vulnerabilidad social, aún habiendo agotado el crédito destinado para ello, ya que la previsión inicial realizada durante el pasado año, para la elaboración del presupuesto actual, ha sido insuficiente debido a que en dicho momento no se disponía de la información necesaria de las consecuencias de esta situación y su evolución en el tiempo», señalan.
Así las cosas, en lo que va de año ya se han tramitado un total de 5.003 prestaciones por un importe de 3,67 millones, por lo que los trabajadores sociales calculan que a final de año se habrán entregado ayudas de emergencia por un montante de 6,63 millones, de mantenerse, como se prevé, que siga creciendo el número de personas necesitadas de atención básica.
El incremento de un millón que se aprobará en el pleno de hoy ni siquiera cubrirá la totalidad de esta cantidad que se prevé. El millón de euros que falta para atender la demanda de personas empobrecidas se pretende obtener, según figura en el expediente de la modificación de crédito, con una subvención del Gobierno de Canarias y un convenio de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Ambos expedientes están en trámite, aseguran.
