El pleno municipal cerró ayer el curso político hasta septiembre dándole luz verde por la vía de urgencia al pago de 40,7 millones de euros en facturas que estaban en los cajones y se deben, en algunos casos, desde 2016 a proveedores de obras, servicios y suministros, así como a empresas municipales. Más de la mitad de ese dinero se adeuda a concesionarios cuyos contratos están vencidos y en situación de nulidad, un hecho que obliga a pagar una vez vencido el ejercicio con reconocimientos extrajudiciales de crédito, lo que genera intereses de demora. En el caso de estas facturas, que se espera que se puedan saldar en septiembre con el dinero de los remanentes, Servicios Públicos tendrá que pagar 1,6 millones en intereses de demora por los contratos en situación de nulidad, una cantidad a la que se añaden otros 6,7 millones por el mismo concepto debido al retraso en el pago de expropiaciones en el área de Urbanismo. De los remanentes se utilizaron también otros tres millones para reforzar la ayuda a domicilio y hacer frente al aumento en la demanda de ayudas de emergencia.
Las deudas por un montante de 40,7 millones forman parte de la cuenta 413, en la que se han contabilizado un total de 72,4 millones pendiente de pago a acreedores, pero según el coordinador general de Economía y Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda, la cantidad es mucho menor porque hay operaciones duplicadas que se depurarán ahora con el actual expediente.
La vía libre al pago de la deuda, que fue apoyada por unanimidad, estuvo presidida, como el conjunto de la sesión, por la presencia de los pitos y gritos de protesta del personal afectado por abuso de temporalidad, que se concentró durante varias horas en la plaza de Santa Ana para exigir al gobierno tripartito que los haga fijos. Cuando los interinos se fueron, llegaron los excluidos en el proceso de selección de guagüeros, que continúan exigiendo una revisión de la última prueba.
Entre las mayores cantidades adeudadas figuran los 6,81 millones que se adeudan a la empresa concesionaria de Vías y Obras; 3,13 millones a FCC por diferentes contratos y 1,6 millones a Vigilancia y Limpieza de Playas. Figuran además varias facturas por un montante de 3,3 millones de Emalsa por el servicio de saneamiento; 1,2 millones de Correos y 378.045 de Endesa. Las empresas municipales también sufren la demora en los pagos de la casa madre. Así, el Instituto Municipal de Formación y Empleo ha recibido tres millones para tramitar de manera urgente el pago de las nóminas del personal y a Guaguas se le han pagado 857.325 euros.
La oposición fue unánime al criticar el tremendo retraso en el pago a los proveedores y las nefastas consecuencias que ello trae para las empresas más pequeñas, al tiempo que afeó al alcalde Augusto Hidalgo el haber disfrazado como una inversión lo que es un simple pago de una deuda con años de retraso. Así, mientras la concejala de Hacienda, Encarna Galván, defendía la utilización del vocablo, los ediles de la oposición le pidieron que no engañara a los ciudadanos. «Con estos pagos», dijo Galván, «continuamos fomentando y desarrollando esos servicios. Parece que sólo se entiende como inversión aquello que tiene que ver con obras. Invertir significa emplear, gastar y eso es lo que va a hacer este ayuntamiento. Vamos a inyectar liquidez a las empresas. Vamos a invertir más de 42 millones en nuestras empresas y parte de eso va al ladrillo, pero también significa invertir en servicios».
David Suárez, concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, denunció que muchos proveedores están «esperando a que les paguen desde 2016. Nos preocupan los ochos millones que vamos a tener que pagar por intereses de demora y los 200 euros en subvenciones a entidades del tercer sector pendientes desde 2017 y que no se han pagado aún». Advirtió que una vez abonados estos 40 millones quedan «pendientes de abonar otros 35. No sigan estrangulando a los proveedores».
Una de las cosas que más le preocupa a la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres «es la ficción con la que venden el pago de esas facturas pendientes desde 2016. Sólo le pido que deje de vender humo y pague los 91.000 euros que le debe a las empresas en vídeos de publicidad y propaganda desde 2017 y el resto de deudas. En mi pueblo hay una gran diferencia entre invertir y gastar».
«Ustedes no pagan ni los caballos de la unidad equina; ni siquiera los convenios con el Colegio de Veterinarios que han tenido que ir a los tribunales para ello», subrayó la portavoz del Partido Popular, Pepa Luzardo, quien atribuyó los retrasos en los pagos a que «son malos gestores. Tienen que pedir perdón por no pagar en tiempo y forma. Han intentado aprobar el expediente por la vía de urgencia, deprisa y corriendo, mientras anunciaban una inversión potentísima de 42 millones», que como recordó el edil popular Víctor Moreno se suma a los «111 millones que anunció Hidalgo en 2020 y de los que nunca más se supo. No podemos permitir que engañen a la gente».
El gobierno municipal dio cuenta también de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2021, que registra una ejecución de un 12% en las inversiones, lo que supone un gasto de 10 millones, quedando 52,6 millones sin gastar. Si se exceptúa el capítulo de persona, el nivel de ejecución del presupuesto es de un 35%.
