El inicio de movimientos de trabajadores en la planta de biodigestión de la finca de La Montañeta, en Tenoya, ha sembrado la alarma entre los vecinos, que han empezado a movilizarse contra la posible apertura de una procesadora de lodos de depuradoras que ha sido desautorizada por el Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria y precintada por el Ayuntamiento.
Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento nunca ejecutó el precinto y que se limitó a instar a la empresa a que parara la obra. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la versión sobre los hechos de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Javier Doreste.
Lorenzo Santana, portavoz de los vecinos exigió ayer al Ayuntamiento que desmantele de una vez el biodigestor para acabar con la amenaza de su puesta en funcionamiento y se preguntó cómo es posible que siga en pie una construcción que fue precintada y ha sido prohibida por todas las administraciones, dado que su actividad es incompatible con la calificación del suelo rústico de protección agraria en el que se encuentra y por el impacto que puede tener sobre la salud de las personas que viven a sólo dos metros de distancia.
Los jueces condenan a Urbanismo a entregar el expediente de la planta a los vecinos
«La policía acudió al lugar la pasada semana por una denuncia de robo y los trabajadores dijeron que los habían mandado para poner en funcionamiento la planta y que tenían permiso para ello», informó Santana, quien advirtió que en el lugar «no se puede mover nada» y acusó al Ayuntamiento de ser cómplice de todos los desmanes que han tenido lugar» en relación con la planta.
La planta de la empresa Valoración Ecológica de Residuos y Energía S.L. fue desautorizada en junio de 2018 por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno canario. Por su parte, el Cabildo también le denegó una autorización inicial, porque la empresa pidió permiso para montar una planta de compostaje y de tratamiento de restos de cultivos agrícolas, pero en realidad montó una instalación para recogida y eliminación de aguas residuales y lodos para su reutilización y posterior uso como biodigestor y generación de energía. Dicho uso industrial, advirtió el Cabildo el 3 de mayo de 2017, no es compatible con los previstos en la zona. En esta resolución se basó el Ayuntamiento en septiembre de 2017 para instar el precinto, dado que las obras no se encontraban ya amparadas por la licencia que le dio el Ayuntamiento en 2013.
Según Lorenzo Santana, la empresa pretendía tratar en la instalación hasta 69 toneladas diarias de lodos sobrantes procedentes de las depuradoras.
Los vecinos reprochan al concejal Javier Doreste, que no se abriera expediente e impusiera una sanción a la empresa por hacer una obra ilegal. Santana añadió también que la empresa ha denunciado al Ayuntamiento en los tribunales por suspender su licencia y expresó el temor de los vecinos de que la planta, que está practicamente terminada y se construyó en un estanque que formaba parte del patrimonio etnográfico de la zona, comience a funcionar. «Ellos dicen que tienen una resolución judicial y queremos que el Ayuntamiento nos diga si es cierto», indicó.
Los vecinos llevaron a la Concejalía de Urbanismo a los tribunales, a través del grupo Turcón, por negarles el expediente histórico sobre la planta de biodigestión. Hasta ahora, dos jueces han dictado sentencias a favor de los vecinos, pero el Ayuntamiento aún no les ha entregado la información solicitada, pese a que hace unos meses el juzgado remitió una diligencia al consistorio donde fijaba un plazo para dar cumplimiento a la resolución judicial. También han denunciado por lo penal lo ocurrido con el biodigestor, solicitan responsabilidades y que se desmantele la planta.
«Sólo el Gobierno canario», sostuvo Santana, «nos facilitó la información que pedimos en 2017. Ni el Cabildo ni el Ayuntamiento nos han contestado». «La obra», subrayó, «la paró el Gobierno canario. En el Ayuntamiento decían que no se podía parar y cuando ordenaron la paralización admitieron que se trataba de una obra ilegal, pero ni precintaron, ni abrieron expediente ni llevaron al juzgado a la empresa».
Según Lorenzo Santana, la empresa pretendía tratar hasta 69 toneladas diarias de lodos
Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), Francis Candil, consideró que «el Ayuntamiento debe plantarse en el lugar para ver qué están haciendo esos trabajadores y devolver la tranquilidad a los vecinos. La estructura de la planta y la maquinaría sigue allí y tememos que empiecen las obras».
Candil pidió al tripartito que «no se quede de brazos cruzados como hizo hace años» y que «desmantele el biodigestor. Los informes de Salud Pública ya advertían de que la finca La Montañeta no es el lugar ideal para construir este biodigestor por el peligro que pueden entrañar los gases que se generan dentro de la planta, situada a dos metros de las viviendas».
