El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aclara que hay otros dos procedimientos que siguen abiertos contra Miguel Ángel Ramírez y uno contra Héctor de Armas. Uno de ellos es el que se sigue contra la empresa Seguridad Integral Canaria por un presunto perjuicio contra la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Hacienda por el que en un principio se estableció una fianza de 50 millones de euros, un monto que podría reducirse ya que según el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, la cantidad defraudada por la empresa es de 34.164.279,52 euros, de los que 3.251.950 están depositados en el Juzgado, mientras que 13.784.050 euros que se redujeron en un auto de 2016 de la magistrada Carla Vallejo en el que matizaba que se estaba liquidando en la TGSS la cuota defraudada y que, según Díaz Tejera, ya ha sido liquidada. Matiza que se está a la espera de la tasación del 63% de las acciones de la Unión Deportiva de Las Palmas para determinar cuánto resta para alcanzar los 50 millones y que será la Audiencia Provincial la que lo establezca.
Por otra parte, Díaz Tejera ha desvelado en un auto que queda acreditado la existencia de «suficientes indicios de criminalidad», sin perjuicio del principio de inocencia, contra Ramírez y las empresas Sinergias de Vigilancia y Seguridad Social S. A. y Novo Segur Seguridad Privada S. A. por generar una deuda desde febrero de 2014 a julio de 2015 con la TGSS y Hacienda de 172.464,76 euros por lo que ha abierto un proceso penal en su contra por un delito contra la TGSS.
