Las primeras medidas adoptadas por la Unión Europea en el ámbito marítimo están teniendo un efecto limitado en puertos como el de Las Palmas, que tiene un volumen de negocio anual cercano a los 100 millones de euros con los barcos rusos. El Consejo de la UE aprobó el miércoles prohibir la venta a esta flota de bienes y tecnología relacionados con la navegación marítima, aunque la falta de certidumbre acerca del alcance de la disposición genera inquietud entre las empresas que les prestan servicios, desconocedoras de qué actividades pueden realizar en estos momentos y de cómo cobrarlas.
En las empresas hay dudas acerca del alcance de la norma y el pago de las labores ya realizadas
La decisión de la UE fue avanzada el miércoles por Francia, que ostenta la presidencia de turno del Consejo durante este semestre, aunque sin entrar en detalles sobre su contenido más allá de que se había alcanzado un acuerdo sobre «sanciones dirigidas al sector marítimo». El Diario Oficial de la Unión Europea publicó a continuación el contenido de la regulación, que venía a modificar las medidas adoptadas en 2014 contra Rusia tras la anexión de Crimea.
En el reglamento, los Veintisiete prohíben la venta, suministro, transferencia o exportación de tecnología y productos marítimos relacionados con la navegación o las comunicaciones «a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Rusia, para su utilización en Rusia o para la instalación a bordo de un buque que enarbole pabellón ruso». También la prestación de «asistencia técnica, servicios de intermediación u otros servicios» relacionados con esos bienes, así como la «financiación o asistencia financiera» en durante esa compraventa.
Provisiones y suministros
La principal duda que ha surgido entre las empresas portuarias se encuentra en la consideración legal de los servicios que prestan a la flota pesquera rusa que opera en aguas de África occidental, ya que el texto del reglamento comunitario no aborda en detalle las operaciones permitidas. En Las Palmas, estos barcos –en la actualidad, cerca de medio centenar con bandera rusa cada año, aunque el número de buques vinculados con el país navegando con bandera de conveniencia es superior– reciben todo tipo de pertrechos, provisiones y suministros, desde cajas de cartón donde guardan el género una vez procesado hasta botes de pintura para realizar pequeños mantenimientos a bordo pasando por equipos de radiocomunicaciones como los señalados por la UE.
Durante los últimos días, las administraciones públicas han transmitido a los actores involucrados en la actividad portuaria una opinión informal sobre la norma europea. De acuerdo con esta interpretación, el reglamento se circunscribe a aspectos más vinculados con la propia tecnología que con los equipos en sí, por lo que los servicios habituales que solicitan estos barcos en los puertos, como los suministros o los repuestos, quedarían en principio fuera de la regulación. En cualquier caso, la falta de información oficial ahonda la inquietud acerca de las operaciones pasadas, presentes y futuras.
Un empresario que prefiere mantenerse en el anonimato reconoce a este periódico su inquietud por las ventas realizadas durante los últimos meses a la flota rusa, algunas de ellas aún pendientes de pago y bloqueadas por la expulsión de varias entidades bancarias del país del sistema Swift que facilita las transacciones internacionales, y se pregunta cómo actuar a partir de ahora ante encargos que continúa recibiendo de clientes con los que lleva manteniendo negocios desde hace décadas: «Los barcos rusos suelen ser buenos pagadores y de los que más consumen, ¿y si piden un sistema de radiobaliza de 30.000 o 40.000 euros, lo traemos y al final no se puede vender?».
Otro empresario del Puerto de Las Palmas asegura que en La Luz se sigue trabajando con normalidad a la espera de ver cómo evoluciona la aplicación de esta normativa comunitaria. Tampoco hay novedades, por el momento, acerca del resto de sanciones vinculadas con el ámbito marítimo que fueron anunciadas la semana pasada por el Gobierno de España y la Unión Europea, pero que por ahora no han llegado a concretarse, como la prohibición de atraque en puertos españoles o de avituallamiento a los buques con bandera rusa. La dependencia del gas ruso, que también llega al continente en buques gaseros, es señalada como uno de los factores que ha influido en la demora para adoptarlas.
Afectará a todos los sectores marítimos
La invasión de Ucrania supondrá un impacto indirecto continuado en la economía mundial y afectará a todos los sectores del tráfico marítimo, según ha advertido esta semana la Asociación de Navieros Españoles (Anave) basándose en un reciente informe del Consejo Marítimo Báltico e Internacional (Bimco, por su acrónimo en inglés). Pese a que las sanciones de la UE aún no han desplegado sus efectos, muchas navieras se han retirado de los mercados de importación y exportación rusos mientras aumenta el coste de materias como el carbón, el trigo o el maíz (Rusia y Ucrania suman el 10% de las exportaciones mundiales). Su precio, adelanta Anave, podrá continuar incrementándose debido a la subida de los combustibles. Distinta situación es la de los portacontenedores, que no tienen en ninguno de los dos países sus mercados clave. Anave y Bimco consideran que la guerra no debería afectar a las tarifas excepto en tráficos refrigerados muy específicos. El repunte en el mercado de petroleros también se retrasará, de acuerdo con ambas organizaciones.
