La adjudicación del nuevo contrato de gestión de las once escuelas infantiles municipales permanece bloqueada desde hace dos meses, tras presentar un recurso en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La mesa de contratación propuso adjudicar el servicio a la misma concesionaria que lo gestiona desde hace tres años, Trasa Europa Servicios y Gestión, tras la marcha de Ralons. En esta ocasión, la compañía se presentó en una Unión Temporal de Empresa con Yurena del Pino Alonso Ojeda.
La paralización del proceso ha provocado que el contrato de servicio entre en nulidad,una circunstancia que está afectando a las 200 trabajadoras de las once escuelas, cuyos sueldos se están retrasando desde hace dos meses.
Las trabajadoras han iniciado movilizaciones, que se han saldado hasta el momento con dos concentraciones de protesta y el comité de empresa no descarta convocar paros si no se resuelve el retraso en el pago de las nóminas, dado que temen que la resolución del Tribunal de Contratos tarde aún varios meses.
El contrato de las escuelas municipales fue adjudicado a Trasa por la junta de gobierno municipal el pasado 2 de enero, por 19, 63 millones y un plazo de tres años, prorrogables por otros dos, lo que eleva el valor estimado del contrato a 30,58 millones.
La concesión entró en nulidad en noviembre pasado tras vencer la última prórroga
Sin embargo, la empresa Koala, Soluciones Educativas, del grupo Clece, recurrió el pasado 26 de enero el acuerdo ante el Tribunal de Contratos, por estar en desacuerdo con la valoración de la mesa de contratación. Trasa quedó en primer lugar al obtener 93,86 puntos; Koala, Soluciones Educativas quedó en segundo lugar, con 89,22 puntos y la tercera aspirante, la UTE Profolp-Chiquitín, quedó en tercer lugar, con 83,80 puntos.
Retraso en las nóminas
Según informaron las trabajadoras, el contrato entró en nulidad tras el vencimiento de la última prórroga el pasado 29 de noviembre. La empresa se escuda en dicha nulidad para justificar el retraso en el pago de las nóminas, mientras el Ayuntamiento asegura, a través de un portavoz, que la situación actual no tiene por qué afectar a los pagos, ya que «el contrato se ha prorrogado al aprobarse la nulidad en junta de gobierno, con el fin de que el servicio no se interrumpa. Además, se ha aprobado por urgencia el pago de las mensualidades».
Las fuentes de la Concejalía de Educación, que dirige Lourdes Armas, añadieron que «el adjudicatario del servicio es también Trasa por lo que se trata de una empresa solvente para acometer los pagos».
Subrayaron que Armas ha instado a la empresa para que «el pago se produzca en tiempo y forma», mientras resuelve el Tribunal de Contratos, una decisión que espera se produzca en breve.
Por su parte, la presidenta del comité de empresa, Nieves Báez, sostuvo que no van a permitir que las perjudicadas por la paralización de la adjudicación sean «una vez más» las trabajadoras, al tiempo que recordó el conflicto generado hace tres años con la concesionaria Ralons, que obligó al colectivo a ir a la huelga para exigir la rescisión del contrato por impago de sueldos y la falta de materiales escolares y de limpieza.
«El mes pasado ya cobramos la nómina fraccionada en dos partes y este mes también ha llegado tarde, pero seguimos con la incertidumbre de si cobraremos o no el próximo mes», sostuvoBáez.
Lo que pide el comité es que «el Ayuntamiento y la empresa se pongan de acuerdo y busquen una solución para que cobren en tiempo y forma las trabajadoras, que somos las que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y sacando las escuelas adelante. Somos nosotras las que vamos todos los días y atendemos a las niños y a las familias».
El Ayuntamiento aprobó por urgencia el pago de nóminas e insta a Trasa a pagar en tiempo y forma
«No podemos seguir con esta angustia por la incertidumbre si nos van a pagar o no en plazo. Muchas de nosotras tenemos el 90% de la jornada y cobramos el salario mínimo. Si no nos pagan a tiempo no podemos pagar nuestras deudas y nos penalizan con intereses», sostuvo.
Según la presidenta del comité, «el problema es que la empresa nos dice que mientras no tengan un contrato en firme o algo que les avale como que están gestionando las escuelas no pueden pedir adelantos para pagar las nóminas. Hemos hablado con el Ayuntamiento y con la empresa y por parte de los dos todo han sido explicaciones, pero no hay una solución».
Otras trabajadores que prefirieron no decir su nombre por temor a represalias, denunciaron que «el servicio está sufriendo recortes desde hace tiempo. Hay una auxiliar de apoyo menos por aula y tampoco hay personal de cocina. Son las auxiliares la que se encargan de ese cometido. Y lo peor es que el Ayuntamiento mira para otro lado».
Por su parte, César Merino, representante de Intersindical Canaria, consideró que un servicio esencial como el de las escuelas municipales «no puede estar sujeto a los vaivenes de los intereses de las empresas de manera cíclica y precarizar el empleo de 200 trabajadoras», que atienden a 1.200 niños y niñas, « con un servicio que permite la conciliación y el desarrollo de nuestros chinijos».
El recurso de Koala es el segundo escollo con el que se tropieza este proceso de licitación, ya que el Tribunal de Contratos anuló los pliegos de prescripciones técnicas en 2022 y obligó al Ayuntamiento a rehacerlos.