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Darias revisa de oficio el contrato a dedo de recogida de basura para desbloquear el pago de 7,33 millones

La Intervención bloquea las facturas de FCC emitidas entre junio de 2020 y enero de 2023 y advierte que la concesión es nula por saltarse la fiscalización previa

Subraya que no tiene ninguna cobertura legal

Contenedor rebosado de basura el pasado martes en la carretera de Los Hoyos, justo al lado de una parada de guaguas.

Contenedor rebosado de basura el pasado martes en la carretera de Los Hoyos, justo al lado de una parada de guaguas. / La Provincia

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó el pasado 16 de noviembre iniciar la revisión de oficio del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos que adjudicó a dedo a FCC Medio Ambiente en 2020.

Este procedimiento es la única vía que le ha dado la Intervención para desbloquear el pago de 7,33 millones en facturas que le ha presentado la empresa por recoger la basura desde el 21 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 en una docena de sectores de la ciudad.

En estos 7.337.225,13 euros correspondientes a dos años y medio, que reclama FCC, no se incluye el pago de los servicios prestados este año, cuyo importe se cifra en al menos 2,88 millones, al que seguramente habrá que aplicar el mismo procedimiento. Cuando concluya este año, la deuda pendiente de la ciudad con FCCpor este servicio contratado de manera irregular sobrepasará los diez millones.

La Intervención General mantiene bloqueado el pago de las facturas al considerar que el Ayuntamiento se ha saltado la fiscalización previa, un paso que es preceptivo y vinculante, por lo que considera que el contrato es nulo. Y no ha habido fiscalización previa, porque no se sacaron a concurso los sectores privatizados, pese a que la ley lo establece claramente.

 Al respecto, advierte que la única forma de legalizar la relación contractual irregular es a través de la revisión de oficio, el único procedimiento que contempla la ley para corregir esta infracción administrativa.

El Ayuntamiento deberá remitir el expediente al Tribunal de Cuentas y a la dirección general de Administraciones Públicas del Gobierno canario para su convalidación y considerar si el Ayuntamiento ha incurrido en algún tipo de responsabilidad, según explica la Intervención en el informe emitido el pasado 15 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico.

El informe se remonta al inicio del contrato, que se suscribió, en el mandato anterior, a principios del estado de alarma. El gobierno de Augusto Hidalgo suscribió el 30 de marzo de 2020 el contrato sin concurso, acogiéndose al decreto del Gobierno de España que contemplaba la posibilidad de adoptar medidas excepcionales, como los contratos a dedo o de emergencia, para hacer frente a las circunstancias excepcionales generadas por la pandemia.

Bajo el paraguas de aquel estado de alarma, el Ayuntamiento, en lugar de contratar a más trabajadores, privatizó el servicio en al menos doce sectores de la ciudad, entre ellos Ciudad Jardín, Ramblas de Jinámar, La Paterna, Casablanca III, La Isleta, Callejones de San José, Las Perreras, Las Majadillas y Lomo Los Frailes.

Sin cobertura legal

El estado de alarma finalizó el 21 de junio de 2020, pero el Ayuntamiento continuó con el contrato a dedo, que se ha prolongado hasta la actualidad, pese a que Contratación le devolvió las primeras facturas de los meses posteriores al estado de alarma, advirtiendo que la concesión no se justificaba una vez desaparecidas las circunstancias excepcionales de la crisis sanitaria.

Así, instó al Consistorio a sacar a concurso un contrato, «donde se respeten los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato entre licitadores», que establece la ley.

Por su parte, el informe de Intervención, que aclara que no tiene «naturaleza de fiscalización», advierte de la gravedad de haber realizado una serie de gastos «sin la preceptiva fiscalización previa». «No se justifica», sostiene, «la concurrencia de causa alguna por la que se continuó con la prestación de dicho servicio».

Al mismo tiempo, subraya que «no consta ningún otro acuerdo competente en materia de Contratación que le otorgue cobertura legal a la prestación del servicio que fue objeto del contrato de emergencia, una vez cesadas las causas para las que se contrató». El órgano fiscalizador rechaza un informe del servicio de Recogida de mayo de 2021, en el que planteó la «no viabilidad de recuperar» para la gestión directa en la totalidad de los sectores privatizados en 2020.

Resalta que el contrato se encuentra «incurso en causa de nulidad, al no haberse reconducido la contratación por los procedimientos legales previstos y no encontrarse» tampoco «bajo la cobertura legal de la contratación de emergencia».

Por otro lado, en relación con el valor de la prestación, critica el hecho de que el centro gestor «no ha determinado el coste efectivo de la prestación, siguiendo el correspondiente procedimiento contradictorio con la empresa, de forma que pueda concluirse si procede o no la detracción del beneficio fiscal industrial».

Tampoco se justifica el incremento este año de los días de prestación del servicio para algunos de los equipos, remitiéndose a un informe del centro gestor del pasado 6 de noviembre. Y es que en el contrato de emergencia firmado en marzo no consta un horario establecido para la prestación del servicio, cuestiones estas, advierte, que habrá que aclarar en el procedimiento de la revisión de oficio. La Intervención advierte que «la omisión de fiscalización previa» de los citados gastos «constituyen una infracción del ordenamiento jurídico», por las que las autoridades y funcionarios incursos podrían incurrir en responsabilidad administrativa, contable, disciplinaria o penal. 

La Intervención General resalta en su informe que la revisión de oficio «debe ser excepcional», al tiempo que insta al Gobierno municipal a «reconducir la prestación del servicio a la legalidad».

Por su parte, fuentes de la Concejalía de Limpieza, que dirige el concejal Héctor Alemán, insistieron ayer en que se trata de «un contrato de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que se aprobó durante el Covid y que se ha mantenido desde entonces».

Añadieron que el Gobierno municipal está elaborando un nuevo pliego para renovar el contrato. La anterior responsable del servicio, Inmaculada Medina, anunció el pasado año que estaba previsto incluir los sectores que ahora se recogen mediante el contrato a dedo en la otra concesión que tiene adjudicada FCC, esta sí de manera legal, que cubre el servicio de recogida del 30% de los barrios del municipio que están privatizados.

El resto de la ciudad se cubre mediante gestión directa, pero la aguda falta de personal les impide realizar la recogida como es debido, lo que ha llevado al Ayuntamiento, según denuncian los trabajadores, a echar mano de los trabajadores de la contrata privada de FCC para recoger la basura durante los fines de semana en las zonas de gestión directa. 

El informe de Intervención no aclara si el incremento de la prestación del servicio de algunos de los equipos a lo largo de este año, al que la Intervención no encuentra justificación, se debe a estos servicios de fin de semana.