Las Palmas de Gran Canaria llevará a pleno la ordenanza de bajas emisiones en el primer trimestre de 2024

La idea es implantar las restricciones en Alcaravaneras a final de año

El Defensor del Pueblo da un tirón de orejas al Ayuntamiento por el retraso

Calle Blasco Ibáñez, en Alcaravaneras.

Calle Blasco Ibáñez, en Alcaravaneras. / Andrés Cruz

Primer trimestre de 2024. Ese el plazo que se ha puesto la concejalía de Movilidad para llevar terminar de redactar la ordenanza que regulará las Zonas de Bajas Emisiones de Las Palmas de Gran Canaria y llevarla a pleno. El equipo que lidera José Eduardo Ramírez trabaja para poder tener la normativa lista e implantar a lo largo del año la primera zona restringida al tráfico de la ciudad, previsiblemente en Alcaravaneras. El Defensor del Pueblo ya ha dado un tirón de orejas al Consistorio ante la demora que se está produciendo en la tramitación, que debía de haber entrado en vigor este año.

Según la legislación vigente, todos los municipios de más de 50.000 habitantes de España debían tener implantadas este año zonas de bajas emisiones que permitan restringir el tráfico y mejorar la calidad del aire en la vía pública. El Ministerio de Transición Ecológica lanzó una herramienta el pasado agosto; de las 149 localidades que tendrían que haber establecido este tipo de medidas, tan solo están en vigor en 14, ninguna de ellas en Canarias. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación dirigida a 33 ciudades por retrasos en la tramitación o directamente por no haberla iniciado.

La capital grancanaria está entre las siete ciudades con más de 300.000 habitantes que han iniciado los trámites pero que, según el Defensor del Pueblo, «van con retraso». El Ayuntamiento comenzó a principios de año la redacción de la ordenanza que permitirá regular las zonas de bajas emisiones que se vayan a implantar a corto y medio plazo -la ciudad tiene previstas hasta seis en diferentes barrios-. El periodo de participación ciudadana ha tenido una duración de ocho meses; la semana pasada Movilidad anunció que de las 121 propuestas presentadas por los vecinos, han admitido 82.

Ley de cambio climático

Fuentes de Movilidad señalan que este «no es un proceso fácil, por eso el ministerio va a ser más flexible». Por el momento, indican, no les ha llegado comunicación alguna del Defensor del Pueblo. Desde este órgano indican que en función de la respuesta municipal cerrarán la actuación abierta de oficio o no. De mantenerla, se formularán resoluciones con recomendaciones para encauzar la situación.  

De las 11 ciudades con más de 300.000 habitantes, tan solo cuatro han implantado zonas de bajas emisiones, a saber Madrid, Barcelona, Sevilla y Córdoba. Desde el Defensor del Pueblo indican que se han iniciado actuaciones contra estos ayuntamientos al incumplirse la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, la cual estipula que para mejorar la calidad del aire se tendrían que haber interpuesto zonas con restricciones antes del 1 de enero de 2023, hace un año.

José Eduardo Ramírez se escudó en una entrevista el pasado mes de octubre en que el Gobierno central no sacó la legislación que regula estas zonas de bajas emisiones hasta el mes de diciembre de 2022, por lo que no ha sido hasta este año cuando han podido iniciar la tramitación de la ordenanza. Este marco regulatorio municipal lo ven como una prioridad para evitar que las posibles restricciones que implanten acaben en los tribunales, como ha pasado en Barcelona.

Transformación urbanística

La idea del Consistorio es finalizar a principios de año la ordenanza y que pueda pasar así a fase de alegaciones para su aprobación definitiva. La parte tecnológica -la implantación de cámaras en los cruces- está prevista para el segundo semestre y la transformación urbanística para el tercer trimestre. La concejalía aprovechará y adaptará el proyecto de minimanzana que ya está redactado para Alcaravaneras, el cual supondrá restringir el tráfico entre las calles Pío XII, Pi y Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas.

De las propuestas presentadas por los vecinos de cara a la redacción de la ordenanza, destacan las que realzan la necesidad de crear más espacios libres y mayor accesibilidad. También plantearon cuestiones relativas a las excepciones a las entradas de vehículos en las áreas restringidas.