El fallido espectáculo con drones para despedir el Carnaval costaba 59.000 euros

El vuelo de 230 drones previsto como cierre del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2024 tenía un coste de 59.000 euros. El espectáculo tuvo que ser suspendido en el último momento ante la posible presencia de un inhibidor de señales que imposibilitaba las comunicaciones de las aeronaves no tripuladas con la base, lo que ha llevado al Ayuntamiento capitalino, que aún no ha desembolsado esa cantidad a la empresa encargada de su realización, a iniciar una investigación. 

El Portal de Contratación del Estado publicó el pasado viernes la adjudicación del espectáculo, mediante un procedimiento negociado artístico sin publicidad, a la empresa madrileña Umiles Entertainment, que ha realizado otros shows similares para entidades públicas, como la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote o el Ayuntamiento de Arroyomolinos, en la Comunidad de Madrid. El domingo por la noche, uno de sus técnicos indicó a los periodistas presentes en Las Canteras que cuentan con la experiencia acumulada en 200 eventos similares y nunca habían tenido este tipo de problemas. 

Las Olimpiadas serán protagonistas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025

Las pruebas habían sido favorables en los momentos previos al inicio del espectáculo, de acuerdo con este técnico, pero en el momento en el que recibieron la orden de lanzarlos al vuelo empezaron a tener «una serie de desconexiones masivas». Estas, según agregó, no procedían de un hackeo de sus propios sistemas informáticos, sino de una señal exterior que «estaba inhibiendo activamente» las comunicaciones entre la mesa de control y los dispositivos.

Averiguaciones del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continuaba ayer tratando de buscar una explicación a lo ocurrido en La Puntilla el domingo por la noche. «Somos los primeros interesados en saber qué ha pasado», recalcó este lunes una portavoz del consistorio, para agregar que «se están haciendo las averiguaciones correspondientes». De momento, el incidente no ha sido objeto de una denuncia policial. 

Los inhibidores de frecuencia solo pueden ser utilizados de forma legal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Ley de Telecomunicaciones, que entró en vigor en 2022, tipifica como infracción muy grave «la importación, comercialización, publicidad, instalación, tenencia, puesta en servicio o uso» de inhibidores de frecuencia. Este tipo de infracciones puede conllevar sanciones de hasta 20 millones de euros.

El espectáculo ha servido como munición a la oposición municipal, que ayer afeaba al equipo de gobierno los fallos en su realización. La portavoz del Partido Popular en el consistorio, Jimena Delgado-Taramona, vinculó el «fiasco» de los drones con lo que a su juicio ha sido una «falta de previsión» en las fiestas: «Ha sido un broche a un carnaval que no es el que merece esta ciudad ni el que merecen sus vecinos».

El concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, David Suárez, se expresó en términos parecidos al describir el fallido show como «el colofón de un Carnaval que tiene más sombras que luces» y pidió explicaciones por el «ridículo» en el que estaba anunciado como el «mayor espectáculo de drones de Canarias». Para el edil, lo sucedido el domingo «viene a ejemplificar lo que ha sido este Carnaval, una edición que ha traído mas dolores de cabeza de los deseables».