Canarias necesita siete juzgados más para afrontar el exceso de litigios

Canarias necesita al menos siete nuevos juzgados y cuatro plazas en órganos colegiados más para hacer frente a la sobrecarga de litigios que soporta en la actualidad. Así lo expuso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, que ayer presentó la Memoria 2023 del TSJC.

Según el informe, en la provincia de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria necesitaría un juzgado de Primera Instancia, uno de lo Social y dos plazas en las secciones civiles de la Audiencia Provincial. A esto hay que sumarle un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Arucas y otro en Telde. En la de Santa Cruz de Tenerife, una plaza en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Santa Cruz de Tenerife, una plaza en las secciones civiles de la Audiencia Provincial, una en el juzgado de Primera Instancia en Santa Cruz de Tenerife y una en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, además de una más en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción. 

Arropado por miembros de la Sala de Gobierno, Lorenzo Bragado desgranó el informe, que también recoge entre sus datos que los 211 órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias registraron durante la año pasado, en los cuatro órdenes jurisdiccionales -civil, penal, Contencioso-Administrativo y Social- un total de 417.539 asuntos, un 5,9% más que en el año anterior, y se dejaron en trámite de resolución 211.189 litigios, un 20,3% más que en 2022. Los resueltos fueron 380.394, un 1,3% más que en 2022.

El presidente destacó el incremento de los juicios que están pendientes de resolución (pendencia), que aumentó el año pasado un 20,3%, «pese a la dedicación y el alto rendimiento», cuando en 2022 el incremento era de un 11%.

El Archipiélago vuelve a ser por cuarto año consecutivo el territorio con más pleitos

Lorenzo Bragado, quien explicó que se precisan «como prioridad acuciante» más órganos judiciales, expuso en los datos recogidos en el estudio que en 2022 se crearon cinco unidades judiciales, de las que, a día de hoy, mayo de 2024, tres siguen sin haber entrado en funcionamiento -un juzgado en Granadilla y dos en San Bartolomé de Tirajana- y tampoco lo han hecho las seis creadas en 2023 (nuevos juzgados de primera instancia en La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, y Arrecife, uno de Violencia Sobre la Mujer en Las Palmas de Gran Canaria y un nuevo juzgado en Puerto del Rosario). 

Según los datos de la Memoria del TSJC, Canarias vuelve a ser por cuarto año consecutivo el territorio del Estado donde más se litigó: 188,67 pleitos por cada 1.000 habitantes, 43,01 más que la media del Estado (145,66) y 31,91 más que la segunda en el escalafón, Andalucía, que computó 156,76 litigios por cada 1.000 habitantes.

En cuanto a partidos judiciales, el de Las Palmas de Gran Canaria fue, en términos absolutos, el que más litigios de todo tipo registró el año pasado (107.158). En comparación con 2022, los procesos crecieron un 2,5% en el partido judicial capitalino.

El estudio además evidencia que, en el periodo analizado, las Islas siempre se han encontrado por encima de la media del país en cuanto a densidad de pleitos, con dos etapas claramente diferenciadas: el periodo de 2013 a 2015, en el que Canarias muestra una tasa más alta que la media nacional pero con valores muy ajustados, y la etapa de 2015 a 2023, cuando se acentúa de forma mucho más notable la diferencia entre las Islas y la media nacional.

Los partidos judiciales de la capital son los que más desencuentros dirimen

Lorenzo Bragado también puso en contexto la memoria del pasado año, «que supuso la vuelta a la normalidad de la actividad judicial al finalizar las medidas organizativas y tecnológicas instauradas para hacer frente al Covid-19», y recordó que a la vez estuvo marcado por la huelga de los funcionarios y letrados de la Administración de Justicia, que impactó notablemente en el funcionamiento de los tribunales. 

«No pueden olvidarse, ya finalizando el año, las invectivas contra el Poder Judicial contenidas en el acuerdo de investidura suscrito por dos fuerzas políticas, al referirse al ‘lawfare’, la judicialización de la política y el anuncio de comisiones parlamentarias de investigación para depurar las responsabilidades de los jueces», añadió.

Más turistas, más pleitos

El presidente subrayó que la Sala de Gobierno, por unanimidad, y en línea con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y los comunicados suscritos por todas las asociaciones judiciales y de fiscales de España, «expresó su más enérgico rechazo a tales referencias en su reunión del día 10 de noviembre».

El presidente también subrayó que en ese entorno, Canarias recibió más de 16 millones de turistas internacionales, lo que representa el 16% de la población residente, según datos de Promotur. «Este dato, como ya poníamos de manifiesto en ediciones anteriores, debería obligar a replantearse sobre qué parámetros se han de dimensionar las necesidades de la Administración de Justicia, es decir, no se puede atender solo a la población de derecho, sino a la de hecho», apuntó.

Rupturas matrimoniales

Según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2023, los órganos judiciales de Canarias registraron a 31 de diciembre de 2023 la tasa más alta del país de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, como sucede de forma ininterrumpida desde diciembre de 2019. 

Entre enero y diciembre del año pasado, los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 5.473 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 1,4% más que en 2022, que fueron 5.398. Ello supone una tasa de 247,3 rupturas de matrimonio por cada 100.000 habitantes, la más alta de España en el periodo de referencia. La segunda comunidad fue Baleares (219,9), y la tercera, Murcia (204,3). La media nacional fue de 192,1 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, es decir, 55,2 puntos por debajo de la media canaria. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en País Vasco, con 157,1; Castilla y León, con 158,2; y Madrid, con 160,9. 

Por provincias, fue mayor el número de rupturas matrimoniales en Las Palmas (2.754) que en Santa Cruz de Tenerife (2.719).

Las tasas más altas del país

En el ámbito de los procesos por desahucio que acabaron en lanzamiento, el Archipiélago canario registró durante 2022 la segunda tasa más alta del país en el capítulo que se refiere a lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 63,2 por cada 100.000 habitantes, solo superada por Cataluña (65,3). La región con la tasa más baja fue, al igual que el año pasado, Navarra (16,1). En cifras globales de lanzamientos, los juzgados canarios llevaron a cabo en 2023 un total de 1.782, un 27,1% menos que en 2022. 

En cuanto a demandas por despido, los juzgados de lo social de Canarias incoaron en 2023 un total de 10.176, un 16,7% más que en el año anterior (8.721). Este dato implica que la tasa de demandas por despido por cada 100.00 habitantes en las Islas fue de 459,8, la más alta del país. 

Sobre el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que asume el Juzgado de Instrucción número 3 de dicho partido judicial como experiencia piloto a nivel nacional, registró en su segundo año de funcionamiento (del 1 de octubre de 2022, día en el que se puso en marcha, al 1 de octubre de 2023) un total de 607 denuncias, lo que supone un incremento del 66,3% con respecto al volumen de diligencias incoadas el primer año. 

La estadística del órgano judicial revela que en el segundo año de actividad del órgano se denunciaron en el partido judicial (con competencia sobre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Vega de San Mateo) un total de 235 presuntos casos de delitos contra la libertad sexual de menores. Ello supone un aumento del 95% en este tipo de diligencias previas con respecto al primer año.

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