Los Colegios Oficiales de farmacéuticos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife manifiestan conjuntamente su disconformidad con el contenido de las declaraciones hechas por D. Adolfo Sancho, vicepresidente del Colegio de Veterinarios, publicadas recientemente en varios medios de comunicación, en las que a raíz de un brote de intoxicación alimentaria afirma que una plantilla constituida por 70 veterinarios es insuficiente para la vigilancia y control de los alimentos en Canarias.
Esta aseveración refleja un profundo desconocimiento sobre los cometidos de la inspección sanitaria pública en Canarias, ya que la plantilla de inspectores de salud pública encargados de velar por la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos que se ponen a disposición de los consumidores está constituida por 126 técnicos inspectores, de los que 70 son licenciados en Veterinaria y 56 son licenciados en Farmacia.
Cuando el vicepresidente del Colegio de Veterinarios afirma que en Canarias faltan inspectores para Seguridad Alimentaria y nombra sólo a los licenciados en Veterinaria, lo hace con la clara intención de desinformar, haciendo creer que los inspectores son sólo veterinarios, cosa que es falsa como se ha indicado en el párrafo anterior. Su objetivo con esta afirmación es intentar limitar el campo de actuación profesional de los farmacéuticos, para el desempeño de una actividad que vienen desarrollando desde la creación de la inspección sanitaria pública, el 27 de noviembre de 1953, y para cuyo cometido le capacita adecuadamente la formación adquirida en la carrera de Farmacia.
Nadie discute que el control de la salud animal y de la calidad de sus productos en origen ha de ser objeto de la inspección veterinaria, pero concluir por ello que las condiciones higiénico-sanitarias de una cocina o de un comedor colectivo son una competencia exclusiva de esa profesión, porque en ella se sirven productos de origen animal, es una falacia y un absurdo, que sólo puede hacerse desde un planteamiento corporativista, excluyente y discriminatorio, impropio del siglo XXI.
No se puede abordar la Salud Pública pensando en diferenciar profesiones y profesionales, sectorizando, veterinarios-alimentos y farmacéuticos-aguas, tal como establece el Sr. vicepresidente colegial. Esta reducción simplista de los problemas de salud pública es inadmisible, máxime en un momento en el que la obligación de los sanitarios es dar respuesta a los nuevos riesgos emergentes y la exposición combinada de los alimentos a agentes físicos, biológicos y químicos, a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Ahora más que nunca, la solución a los problemas de seguridad alimentaria exige un abordaje multidisciplinar, en el que los sanitarios públicos farmacéuticos y veterinarios tienen la obligación de trabajar codo a codo para garantizar la calidad de los alimentos que llegan al consumidor, mediante el exhaustivo control del cumplimiento de las normas y procedimientos legalmente establecidos. Y eso es lo que le interesa al ciudadano, que los servicios de inspección sean eficaces y que los inspectores tengan la formación necesaria para el desempeño de su trabajo.
Por ello, la afirmación del vicepresidente del colegio de que los veterinarios carecen de formación para realizar su labor, además de ser falsa, desprestigia a todos los profesionales sanitarios tanto farmacéuticos como veterinarios, que han pasado una licenciatura y una oposición libre para acceder a la función pública, y que continuarán durante toda su carrera profesional actualizando permanentemente su formación a través de los cursos impartidos en las universidades españolas, en los colegios profesionales, en las escuelas de salud pública existentes en España, en el Instituto de Salud Carlos III y en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, creada por el sistema sanitario público para facilitar el acceso de sus profesionales a cursos de formación especializada y continuada.
Uno de los objetivos de todo Colegio Profesional es la promoción de la profesión que representa, pero ésta debe ser objetiva, honesta, sensata, seria, equilibrada y profesional, pensando en el servicio a los ciudadanos. De otra forma los Colegios Profesionales perderían su prestigio y credibilidad. En este sentido, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife mantenemos la defensa y promoción de la profesión dentro de estos principios.
Por último, manifestamos nuestro rechazo a que se haya aprovechado el momento sensacionalista generado por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de comida preparada en Gran Canaria para verter críticas sobre el sistema de Salud Pública y los profesionales que la integran en nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo cuando se falta a la verdad, para lanzar un mensaje tendencioso, oportunista y falso.
Todos los profesionales de la Salud Pública saben perfectamente que el riesgo cero no existe, que las medidas que se aplican para evitar los peligros asociados al consumo de alimentos son preventi-vas y ejercidas a lo largo de todo el año y no sólo en periodos estacionales. El he- cho de que exista mayor incidencia de intoxicaciones alimentarias durante el verano no es solamente debido a la falta de inspecciones en ese periodo, sino a otros factores externos en muchos casos de complicado manejo.
La información de que disponen los colegios es que la actuación de la Dirección General de Salud Pública y el Área de Salud de Gran Canaria en este asunto fue rápida, eficaz y eficiente, localizando rápidamente el foco que originó la intoxicación, con la intervención de un equipo de profesionales, médicos, farmacéuticos, veterinarios y licenciados en derecho, formados, cualificados y entrenados para el desempeño de su trabajo. Aprovechar estas circunstancias para criticar a los profesionales y al sistema no es oportuno y menos en nombre de un ilustre colegio profesional.
(*) MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
