La fuerza motriz de la política de recortes se está llevando por delante uno de los propósitos de la modernización socioeconómica de España: establecer las bases de un modelo educativo e investigador para generar un tejido productivo que acorte la dependencia de la construcción y del turismo. El presupuesto público del Estado y los de las autonomías castigan ferozmente a la innovación, y Canarias no es ajena a ello. El Gobierno regional CC-PSOE ha rebajado un 96 % los fondos para las becas científicas universitarias, según se deduce del proyecto de las cuentas para 2013 presentadas para su aprobación al Parlamento. La medida pone en peligro la carrera profesional de 102 investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, cuyos sueldos no superan los 1.300 euros, quizás menos tras la política de reducción de nóminas exigida por el plan de austeridad estatal para los funcionarios. ¿Nos encontramos ante el punto y final de un intento que llevó al I+D+i a lo más alto de las preferencias electorales y a ser un programa inevitable para cualquier acción de gobierno que hiciese honor a ello? Una adaptación a la crisis de los presupuestos no puede ser sinónimo de la ruina de unos equipos de investigación e innovación, cuya caída en picado ponga en peligro los primeros frutos alcanzados en sectores como la biomedicina, la investigación marina, la sanidad animal, la astrofísica o las energías renovables. Los recortes drásticos añaden zozobra laboral, pero en este caso también hablamos de vetar el acceso de una generación venidera a un modelo de desarrollo con nuevas alternativas productivas.

Los investigadores de Canarias afectados por los recortes acaban de iniciar negociaciones con los responsables autonómicos con el objeto de corregir en el trámite parlamentario los ajustes. Es de esperar que estos encuentros sean útiles en favor de la proporcionalidad de las medidas, una intención que despejaría la sospecha de que el afán investigador de nuestros gestores ha estado dirigido por el oportunismo político, y nunca por el reconocimiento sincero de que la inversión en investigación siempre ha tenido como finalidad la transformación de la economía de las Islas.

El catedrático grancanario Roberto Moreno recordaba hace unas semanas, en este periódico, los comienzos de las estudios de Informática de la ULPGC. Un empeño que, con el tiempo, dio lugar al Instituto de Computación e Inteligencia Artificial, cuyo prestigio internacional le ha servido para acoger cada dos años el encuentro de especialistas Eurocast. Los mismos mimbres nos han llevado a la vanguardia en el estudio de los cetáceos; en la elección de Taliarte para la construcción de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan); en el reconocimiento nacional del Banco Español de Algas gracias a la labor agitadora de Guillermo García Reina, recientemente fallecido; los galardones de los Campus de Excelencia a ambas universidades; los descubrimientos permanentes del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) o la estructura gestora del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) . La lista sería más larga, pero el mensaje es obvio: la evolución de un trabajo constante para superar antiguos lastres provenientes de la insularidad.

Todas las autonomías padecen en cascada los síntomas de la desertización científica, pero para Canarias las consecuencias serían más lacerantes. Sin contar los antecedentes del Cabildo insular grancanario para optimizar sectores como la agricultura, la línea de trabajo en la investigación a través de las universidades y los organismos públicos ha sido, por un lado, el aprovechamiento de los recursos naturales, y por otro la búsqueda de un modelo sostenible, donde el desarrollo turístico no desencadene una absorción infinita del suelo. Echar el freno a estos objetivos supone, por tanto, resquebrajar el camino trazado y abrir las puertas a un futuro lleno de incertidumbres, donde el progreso vuelve a quedar atado a la inercia del ladrillo y la dependencia del exterior. No hay que soslayar tampoco la influencia que podría tener una parálisis científica en la ruta hacia África, es decir, la aportación a este continente de la experiencia acumulada en aspectos estratégicos para países aún subdesarrollados u otros que están en vías de desarrollo gracias a la reciente explotación de recursos mineros.

Desde el criterio de la proporcionalidad y el respeto al conocimiento, sin posiciones inamovibles, universidades, científicos y gestores públicos deben establecer cuáles son las prioridades, dónde se debe economizar, qué es superfluo y qué puede provocar un daño irreversible al sostenimiento de la investigación. La llamada a la cordura por parte de los rectores de las universidades parece acertada: la opinión pública debe conocer cuáles son los efectos devastadores de la austeridad, y también la razón del éxodo de profesionales a otros mercados laborales de países extranjeros. La formación debe redundar en beneficio de la sociedad que con sus impuestos ha financiado la carrera de sus científicos. Sin embargo, esta categoría basada en la solidaridad redistributiva, tan en solfa ahora, va camino de no poder cumplirse, y no por el libre albedrío de los investigadores, sino más bien por obligación, por el sustento para sacar adelante a sus familias.

El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) representa la labor callada y anticipadora de la ciencia en las Islas. Sus siglas están en lo más alto de la investigación mundial, y sus telescopios de La Palma son una referencia entre la élite de los astrofísicos. Estas acreditaciones no le valieron para salvarse de la poda presupuestaria del Estado. La institución advirtió que se quedaba bajo mínimos, una asfixia que llegó hasta el mismo ministro de Economía, Luis de Guindos, que se movilizó para lograr mejorar las partidas. Ahora el Gobierno de Canarias acaba de firmar un convenio con el IAC para garantizar una financiación que estaba en veremos. Es un ejemplo de que la movilización ante la queja ha dado resultado, aunque deja en evidencia que las decisiones sobre el futuro de estas infraestructuras científicas se toman sin oír a las partes afectadas, y que es más bien la presión ante el escándalo lo que lleva finalmente a salvar la situación. Todo el mundo es consciente de la necesidad de primar lo fundamental frente a lo accesorio. Para que ello se cumpla es necesaria la negociación, y no recortar a ciegas sin aplicar criterios de eficiencia, eficacia y rentabilidad. Y la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico más que un problema son la solución porque más que preguntarse sobre los costes que supone mantener programas de innovación habría que preguntarse qué costes tiene para las Islas no disponer de equipos investigadores.