Cuando en los días inmediatamente previos a la publicación oficial de las cifras del paro registrado y de las afiliaciones a la seguridad social, vean muy contentos al presidente del gobierno, a sus ministros y a los dirigentes del Partido Popular, concluyan que también disponen ustedes de un indicador anticipado de los datos y que estos, en la versión oficial, van a ser buenos.
Como todos los meses, el primer martes, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado los datos de los registros públicos en relación con los demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo, así como los relativos a las afiliaciones a la Seguridad Social. El número de desempleados registrados ha bajado, en abril, en 118.923 personas, situando este dato administrativo de parados en 4.333.016. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, del Instituto Nacional de Estadística, al finalizar el primer trimestre de 2015, el número de parados se elevaba 5.444.600 personas, el 23,78 por ciento de la población activa, y el número de ocupados había descendido, en los tres primeros meses del año en 114.300 personas.
Los ciudadanos tienen derecho a enfadarse con el manejo interesado de los datos económicos, particularmente con los del empleo y el paro, que se miden, bien a través de registros públicos, bien a través de estudios estadísticos, con mucho mayor sentido económico que los primeros.
El presidente del gobierno dice, casi eufórico en este mes de mayo electoral, que acabamos de vivir el mejor mes de abril de la historia y subraya que el paro ya es inferior a cuando él llegó a la presidencia del gobierno. Se refiere al paro registrado, y es cierto, al finalizar abril es ligeramente inferior al que existía al concluir 2011, cuando accedió a la presidencia del gobierno. No dice, sin embargo, que la ocupación sigue siendo inferior; es decir, ahora mismo trabaja menos gente en España que cuando Rajoy llegó al gobierno, y, digo yo que, si lo primero es un mérito que se atribuye, lo segundo debiera ser un demérito con igual origen.
Se juega con el hecho de que, como puede resultar lógico, hay mucha gente que desconoce que puede disminuir el número de parados, al mismo tiempo que hay menos gente empleada, como consecuencia de cambios en la población activa. Y desde que Rajoy llegó al gobierno, la población activa ha disminuido significativamente.
Pero más allá de enzarzarnos en una discusión sobre si el mes de abril ha sido mejor o peor, en términos de empleo -lo que tampoco es tan complicado viniendo de donde venimos- resulta muy interesante ver qué tipo de empleo creamos. De qué clase son los nuevos contratos en nuestro mercado de trabajo.
En el mes de abril se firmaron un total de 1.440.381 contratos de trabajo, de los que solamente 123.459 fueron indefinidos, el 8,57 por ciento, y el resto, 1.316.922 lo fueron temporales, el 91,43 por ciento. Los datos de este mes no son significativamente diferentes a los de los precedentes. En los cuatro primeros meses de 2015, el total de contratos firmados se eleva a 5.476.901, de los que 508.270 son indefinidos, el 9,28 por ciento, y 4.968.631 son temporales, el 90,72 por ciento.
Aproximadamente el 24 por ciento de los contratos totales lo han sido por un periodo de hasta 7 días; si añadimos los contratos de hasta un mes, pasamos del 24 al 37 por ciento, y sumando otros periodos temporales llegamos a ese casi 91 por ciento antes indicado.
También es muy significativo observar en qué tipo de ocupaciones se materializan los contratos. Si agrupamos los trabajos que requieren muy poca cualificación, como por ejemplo, peones agrarios, empleados domésticos, peones de la construcción, camareros, personal de limpieza, dependientes de comercio, etc., llegaremos a la conclusión de que casi el 83% de los contratos que se han realizado en el primer cuatrimestre de 2015, lo son de cualificaciones bajas o muy bajas. Ni que decir tiene que estos trabajos son, en sí mismos, tan dignos como otros, aunque serían mucho más dignos si no sufrieran tal nivel de precarización y estuviesen mejor pagados. No hablo de dignidad, hablo de modelo económico.
¿Qué futuro queremos para España? ¿Es ese el perfil que ha de caracterizar la oferta en nuestro mercado de trabajo?
El gobierno no deja de presumir de reformas, cuando la única gran reforma que ha hecho ha sido la de la legislación laboral, que ha servido, esencialmente, para reducir los costes laborales, sin evitar la dualidad del mercado con la que pretendía acabar.
Pero, ¿dónde están las reformas tendentes a mejorar nuestro crecimiento potencial y, sobre todo, a modificar nuestro modelo de crecimiento? ¿Dónde las reformas que fomenten la competencia? El gobierno debería ordenar un entorno que favorezca e incentive la inversión y cree las condiciones para que los recursos se asignen allí donde van a ser más productivos. El gobierno ha tenido la oportunidad de realizar actuaciones en el ámbito de la regulación, para hacerla más transparente y para potenciar la competencia en los mercados.
¿Qué se ha hecho para fomentar la innovación? El gobierno sabe sobradamente, o debiera saberlo, el papel que juega la innovación en el crecimiento y también que será muy difícil que se innove si no hace más abiertos y competitivos los mercados. Antes al contrario, significativos sectores de nuestra economía disfrutan de posiciones oligopolísticas que dificultan la entrada de nuevos competidores y, por tanto, que reducen la innovación potencial. La existencia de una fuerte autoridad de defensa de la competencia es esencial para que los mercados puedan funcionar correctamente. Nuestro gobierno no solamente no ha andado en esa dirección, sino que lo ha hecho -bajo la excusa de la simplificación administrativa- justo en la contraria.
Estamos en el tramo final de la legislatura, a pocos días de las elecciones autonómicas y locales, tras las cuales nos dirigimos, sin solución de continuidad, a las generales. No cabe esperar cambios a estas alturas. España habrá perdido una legislatura.
(*) Economista
